Buscan que muertes por cirugías clandestinas sean homicidio calificado

MORELIA, Mich., 26 de julio de 2026.- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán mantiene en análisis una reforma al Código Penal del Estado que busca endurecer las sanciones contra quienes, sin contar con cédula profesional, practiquen procedimientos médicos, quirúrgicos o estéticos invasivos que provoquen la muerte o lesiones graves de una persona.

La iniciativa, emanada de Morena, plantea cerrar un vacío legal que, según su exposición de motivos, permite que falsos médicos o personas que usurpan profesiones sanitarias intenten reclasificar estos casos como homicidios culposos, cuya pena va de seis meses a tres años de prisión, en lugar de enfrentar sanciones mucho más severas.

De aprobarse, la reforma incorporaría un nuevo supuesto al artículo 135 del Código Penal para que los homicidios y lesiones derivados de la usurpación de la profesión médica o sanitaria sean considerados automáticamente como delitos calificados, con penas equiparables a las previstas para el homicidio calificado, es decir, de 25 a 60 años de prisión.

La propuesta establece que la calificativa aplicaría cuando una persona prive de la vida o cause lesiones graves al realizar u ordenar un procedimiento médico, quirúrgico o estético invasivo sin contar con la cédula profesional que legalmente la autorice para ejercer la medicina, o cuando se ostente falsamente como profesional de la salud.

En la argumentación que ahora revisa la Comisión de Justicia, se advierte que México ocupa el tercer lugar mundial en número de procedimientos estéticos, con más de 1.2 millones de intervenciones al año, fenómeno que, sostiene el documento, ha propiciado la proliferación de clínicas clandestinas y pseudoespecialistas.

La iniciativa cita además cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según las cuales, durante un periodo de seis meses de 2022, fueron clausurados más de 70 establecimientos que operaban sin cumplir condiciones mínimas de seguridad sanitaria y con personal sin título ni cédula profesional.

También refiere datos de colegios médicos que estiman que por cada cirujano plástico debidamente certificado existen entre 20 y 25 personas que realizan intervenciones quirúrgicas de manera ilegal, situación que, afirma, ha derivado en casos de necrosis, infecciones sistémicas, amputaciones y fallecimientos de pacientes sometidos a procedimientos clandestinos.

El documento sostiene que actualmente existe un vacío en la legislación penal cuando la usurpación de profesión y la muerte de un paciente convergen en un mismo hecho, ya que las defensas suelen buscar que los casos sean tratados como accidentes médicos o conductas culposas.

La exposición de motivos argumenta que quien realiza una cirugía sin preparación profesional conoce plenamente que carece de los conocimientos, autorización y habilidades para intervenir el cuerpo humano, por lo que asume un riesgo extremo para la vida de la víctima, conducta que considera incompatible con la figura del homicidio culposo.

En ese sentido, la reforma propone que el engaño consistente en hacerse pasar por médico para generar confianza en la víctima y someterla a un procedimiento invasivo constituya una circunstancia agravante suficiente para configurar homicidio o lesiones calificadas.

La iniciativa forma parte del paquete de asuntos pendientes que la Comisión de Justicia deberá dictaminar durante el actual receso legislativo, previo a que el Pleno determine si endurece el tratamiento penal contra quienes practiquen cirugías clandestinas o procedimientos médicos sin autorización profesional.