Buscan regular compras del Congreso de Michoacán tras 17 años de rezago 

MORELIA, Mich., 28 de octubre de 2026.- Con un manual de adquisiciones cuya última modificación publicada data de hace más de 17 años, sin un padrón de proveedores de 2026 disponible en su portal institucional y con antecedentes de intentos de regulación, el Congreso de Michoacán recibirá este miércoles una nueva iniciativa para reglamentar sus compras y contrataciones.

Esta nueva propuesta emana ahora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y busca expedir el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Congreso, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y el control del gasto legislativo.

El planteamiento llega después de que Quadratín documentara que el Congreso publica procedimientos de contratación de 2026, pero en su apartado de proveedores únicamente aparecen dos registros de 2025, fechados el 14 de octubre y el 31 de diciembre, sin una actualizsción identificada para este año.

De acuerdo con el catálogo oficial de normatividad, el Manual de Procedimiento de Adquisiciones registra como última modificación el primero de febrero de 2009, mientras que el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, publicado en 2010, ya obliga a elaborar y publicar electrónicamente el padrón de proveedores, realizar cotizaciones, integrar cuadros comparativos y vigilar los contratos.

El propio manual establece controles como la selección de proveedores por categoría y la obtención de tres cotizaciones para compras de bienes muebles superiores a cinco mil pesos. Por tanto, el problema no es la ausencia absoluta de reglas, sino su actualización, aplicación y cumplimiento.

Pese a esas disposiciones, en el apartado Listado de Proveedores y Contratistas no se identificó información de 2026, aunque existen procediumientos de contratación de ese ejercicio, entre ellos uno relativo a seguros, identificado con la clave CEM-SAF-ICTP-SEGURO-001-26, que incluye un acta de fallo.

La información pública revisada tampoco permitió establecer cuántos contratos ha formalizado el Congreso este año, sus montos globales ni si existen proveedores que concentren las adjudicaciones. La falta de actualización del padrón limita el escrutinio público, aunque no demuestra por sí misma irregularidades.

La iniciativa de Gowman tampoco es inédita. Desde 2018 se documentaron propuestas para regular las adquisiciones mediante licitaciones públicas, padrones de proveedores, restricciones por parentesco e informes periódicos, sin que se haya confirmado la entrada en vigor de aquel reglamento.

En octubre de 2025, el morenista Juan Pablo Celis Silva presentó otra iniciativa que contemplaba licitaciones, un subcomité de adquisiciones y participación de la Contraloría, en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas.

Entre los antecedentes figura la compra de un programa informático por cinco millones 450 mil 800 pesos, cuyo valor fue estimado pericialmente en en 139 mil 200 pesos. El caso derivó en actuaciones judiciales y resoluciones posteriores que modificaron la situación procesal de los involucrados, sin que pueda presentarse como fraude judicialmente acreditado.

Ese mismo año, la entonces contralora interna, Brenda Fraga Gutiérrez, reconoció rezagos en la actualización de reglamentos y manuales administrativos, incluidos los relacionados con adquisiciones y contratación de personal.

La discusión adquiere dimensión presupuestal ante el proyecto de gasto del Congreso para 2027, aprobado por mil 304 millones 55 mil 418 pesos, monto correspondiente al funcionamiento general del Legislativo y no exclusivamente a sus contrataciones.

La iniciativa será turnada a la Comisión de Industria, Comercio y Servicios, mientras que el Comité de Administración y Control deberá emitir una opinión.

Sin embargo, el orden del día no incluye la exposición de motivos ni el articulado completo, por lo que todavía se desconoce si Gowman realizó un diagnóstico de las deficiencias administrativas o propone controled distintos a los existentes para limitar adjudicaciones directas, prevenir conflictos de interés y transparentar los contratos.

Tras más de 17 años, desde la última modificación publicada del manual y diversos intentos de reglamentación, el Congreso volverá a discutir cómo regular sus contrataciones, sin que hasta ahora esté acreditado qué cambios sustanciales introduce la nueva propuesta.