Buscan que políticos no participen en elección de jueces y magistrados
MORELIA, Mich., 9 de febrero de 2025.- La diputada del PAN, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán para evitar que partidos políticos, servidores públicos y grupos de poder intervengan en el inédito proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, busca establecer sanciones y facultar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para investigar posibles irregularidades y garantizar la equidad en la contienda.
Un modelo sin precedentes y los riesgos de la injerencia política
La reforma electoral publicada en noviembre de 2024 abrió la puerta a la elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano, un modelo sin precedentes en Michoacán que ha generado preocupaciones sobre la posible cooptación de los órganos jurisdiccionaled por intereses políticos.
En este contexto, la propuesta de Herrera Maldonado busca evitar que el proceso quede en manos de actores que, históricamente, han influido en otros procesos electorales a favor de sus propios intereses.
La Legisladora advierte que el riesgo de intervención es alto, pues a diferencia de elecciones anteriores, este nuevo proceso prescindirá de los partidos políticos como intermediarios en la postulación de candidaturas, lo que abre un vacío normativo que podría ser explotado por diversos actores, incluidos funcionarios públicos y grupos de poder.
La iniciativa propone cerrar esas brechas y garantizar que la contienda se realice con reglas claras y con mecanismos de sanción para quienes intenten influir en los resultados de manera ilegal.
Las modificaciones propuestas al Código Electoral
La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 230 y 254 del Código Electoral de Michoacán para establecer prohibiciones específicas a distintos actores políticos y sociales. Entre los cambios más relevantes, se incluyen:
Partidos políticos y agrupaciones políticas estatales: Se les prohíbe intervenir en el proceso electoral de jueces y magistrados, para evitar así que ejerzan influencia sobre los aspirantes o sobre el electorado.
Aspirantes, precandidatos y candidatos: Se establece como infracción el uso de recursos públicos, el acceso privilegiado a medios de comunicación o cualquier otra acción que genere ventajas indebidas en la contienda.
Autoridades y servidores públicos: Se les restringe de realizar actos de proselitismo o influir en la elección, con sanciones para quienes infrinjan la norma.
Ministros de culto, asociaciones religiosas y agrupaciones: Se les impide inducir el voto o realizar aportaciones económicas a los aspirantes.
Además, se replantea el Procedimiento Especial Sancionador, para que el Instituto Electoral de Michoacán pueda investigar cualquier denuncia sobre injerencia indebida y, en su caso, remitirla al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para la aplicación de sanciones.
Un antecedente en el Procedimiento Especial Sancionador
La diputada panista argumenta que esta reforma es una extensión lógica del Procedimiento Especial Sancionador, una herramienta creada tras la reforma electoral de 2007 para agilizar la investigación de irregularidades en procesos electorales.
El Procedimiento Especial Sancionador ha sido utilizado para garantizar la equidad en elecciones de diputados y gobernadores, sancionando la compra de espacios en radio y televisión, así como el uso de recursos públicos con fines proselitistas.
Sin embargo, advierte que hasta ahora no existía una regulación específica para la intervención en procesos de elección del Poder Judicial, lo que generaba incertidumbre sobre la capacidad de las autoridades electorales para garantizar elecciones limpias en este nuevo esquema.
Herrera Maldonado señala que la propuesta busca cerrar ese vacío y establecer un marco normativo claro desde la primera elección de jueces y magistrados por voto popular.
Un debate que dividirá posturas en el Congreso
La iniciativa del PAN refuerza su postura de defensa de la equidad electoral, pero no está exenta de polémica. La elección de jueces por voto popular ya ha generado divisiones en la esfera política y jurídica, con sectores que advierten sobre los riesgos de politización del Poder Judicial.
Para algunos actores, la prohibición a partidos y funcionarios es insuficiente si no se establecen mecanismos adicionales que eviten la manipulación del electorado o la compra de votos.
Además, la propuesta de otorgar al IEM facultades de fiscalización y al Teemich la capacidad de sancionar a funcionarios y partidos en este proceso, podría generar resistencia entre legisladores de otras fuerzas políticas, especialmente aquellos que han cuestionado la independencia de los órganos electorales frente al gobierno estatal.
La discusión de esta reforma será clave en los próximos meses, en un contexto donde la autonomía del Poder Judicial y su independencia frente a presiones externas se han convertido en un tema central en la agenda política de Michoacán.
