Buscan que en Michoacán se pida dictamen psicológico para casarse

MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2026.- En Michoacán podría incorporarse como requisito para contraer matrimonio civil la presentación de un dictamen psicológico emitido por un profesional acreditado, de aprobarse la iniciativa que este miércoles fue presentada ante el Congreso del Estado y turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

La propuesta, presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa, del Partido Verde, plantea reformar la legislación estatal en materia civil para incluir la valoración psicológica dentro de los requisitos formales para casarse, con el argumento de fortalecer la estabilidad emocional de las parejas y prevenir contextos de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el documento, el dictamen tendría carácter preventivo y no punitivo, y estaría orientado a identificar posibles factores de riesgo relacionados con violencia, dependencia emocional, trastornos conductuales o dinámicas de relación que pudieran afectar la convivencia conyugal. La evaluación debería ser emitida por profesionales en psicología debidamente acreditados.

La iniciativa sostiene que el matrimonio no sólo constituye un acto jurídico, sino una institución con implicaciones sociales, familiares y patrimoniales, por lo que el Estado puede establecer requisitos que promuevan relaciones sanas y entornos libres de violencia.

Entre los argumentos expuestos se señala que la violencia familiar y de pareja representa un problema de salud pública, por lo que incorporar una valoración psicológica previa podría contribuir a la detección temprana de riesgos y a la canalización oportuna hacia atención especializada.

El proyecto no contempla que el dictamen psicológico funcione como impedimento automático para la celebración del matrimonio, sino como un mecanismo de orientación y prevención. En caso de detectarse factores de riesgo, se prevé la emisión de recomendaciones o la sugerencia de intervenciones previas.

Tras su presentación en sesión, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, que deberá analizar su viabilidad jurídica, constitucional y operativa, así como el impacto que tendría en el Código Familiar y en la normativa del Registro Civil. El proceso legislativo apenas comienza y dependerá del dictamen que emita dicha comisión para avanzar a discusión en el Pleno.