Buscan prohibir en Michoacán balas de goma y electrochoques en protestas

MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2026.- La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Michoacán analiza una iniciativa del Partido del Trabajo (PT) para prohibir a policías estatales y municipales el uso de balas de goma, aparatos de electrochoque y gases nocivos durante protestas y manifestaciones públicas pacíficas.

La propuesta plantea adicionar un artículo 106 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, con el argumento de que en la entidad persisten prácticas de represión policial y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

De aprobarse, los elementos de las corporaciones policiales tendrían expresamente prohibido utilizar “balas de goma, aparatos de electrochoques, o cualquier gas nocivo que afecte contra la integridad física de los manifestantes” durante reuniones, marchas y protestas pacíficas.

La iniciativa también obligaría a que toda actuación policial en contextos de manifestación se rija bajo los principios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El proyecto parte de una crítica abierta a la actuación histórica de las corporaciones de seguridad en Michoacán y México. En la exposición de motivos, el PT sostiene que las autoridades suelen gestionar las protestas “desde una perspectiva del restablecimiento del orden público”, criminalizando a quienes participan en manifestaciones.

“El enfoque básico de los agentes de seguridad debería ser facilitar las reuniones pacíficas”, cita la iniciativa al retomar la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El documento añade que las corporaciones policiales deberían actuar con “cierto grado de tolerancia” para evitar escaladas innecesarias de tensión y proteger tanto a manifestantes como a terceras personas frente a actos de violencia.

Sin embargo, la propuesta sostiene que la práctica en Michoacán ha sido distinta. “A lo largo de la historia política de nuestro estado, el ciclo de represión a las personas que se manifiestan inicia con la falta de sensibilidad de funcionarios públicos que niegan el derecho de audiencia”, señala el texto legislativo.

La propuesta, emanada del PT, argumenta que la negativa de gobiernos y funcionarios a dialogar con colectivos sociales suele derivar en protrestas, plantones y movilizaciones que posteriormente terminan siendo reprimidas mediante “el uso excesivo de la fuerza”.

La iniciativa incluso plantea que Michoacán se caracteriza por “el alto grado de politización de su población”, lo que históricamente ha derivado en una cultura de protesta social frente a omisiones gubernamentales o violaciones a derechos colectivos.

El proyecto cita instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanod, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.

Aunque la reforma no elimina otras herramientas de control policial ni modifica protocolos completos de actuación, sí establecería límites explícitos al uso de instrumentos considerados de dispersión o sometimiento físico durante protestas pacíficas.