Buscan "piso parejo" en comunicación social del Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 3 de junio de 2026.- A casi 22 años de la aprobación del Reglamento de Comunicación Social del Congreso de Michoacán, el diputado del PT, Hugo Rangel Vargas, planteó una reforma integral para modificar la forma en que el Poder Legislativo se relaciona con los medios de comunicación, distribuye sus espacios de difusión y ejerce los recursos destinados a la promoción institucional.

La iniciativa, presentada este miércoles ante el Pleno, parte de una crítica directa al modelo vigente, al que el legislador calificó como desfasado frente a las exigencias tecnológicas, políticas y sociales actuales.

Según expuso, el reglamento fue aprobado en 2004, en una época en la que no existían las redes sociales ni la comunicación digital como hoy se conocen, por lo que el Congreso continúa operando bajo reglas diseñadas para un contexto informativo completamente distinto.

“El Congreso del siglo XXI sigue operando con unas reglas del juego de hace casi un cuarto de siglo”, señaló desde tribuna.

Más allá de la actualización tecnológica, la propuesta toca uno de los temas más sensibles para la vida parlamentaria: el control y distribución de la comunicación institucional.

Rangel sostuvo que el reglamento actual contiene disposiciones que permiten un amplio margen de discrecionalidad en la asignación de espacios informativos para diputadas y diputados, lo que, a su juicio, puede traducirse en un trato desigual entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Hay una cláusula de opacidad que permite dejar a contentillo de su titular la definición de los espacios de este Congreso hacia las diputadas y hacia los diputados”, afirmó.

La iniciativa plantea establecer un "piso parejo" para el acceso de los legisladores a los canales institucionales de difusión, con la intención de evitar que la cobertura oficial privilegie a determinados actores políticos.

Otro de los ejes de la propuesta apunta a transparentar la relación financiera entre el Congreso y los medios de comunicación. Para ello, se plantea la creación obligatoria de un padrón de medios que permita conocer con qué empresas periodísticas o espacios informativos contrata publicidad institucional el Poder Legislativo.

El legislador argumentó que esta medida busca inhibir el uso político del presupuesto destinado a comunicación social y evitar que los recursos públicos se conviertan en mecanismos de promoción personalizada o de beneficio para medios cercanos a determinadas corrientes políticas.

La reforma también incorpora nuevos requisitos para quien ocupela titularidad de la Coordinación de Comunicación Social. Entre ellos, acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en comunicación, periodismo, marketing o disciplinas afines.

Con ello, explicó, se elimina la redacción vigente que únicamente señala de manera “preferente” la experiencia en estas áreas.

Además, se pretende dotar al área de atribuciones que actualmente no aparecen de manera expresa en el reglamento, como la elaboración de estrategias de comunicación, programas operativos anuales, manuales de organización y mecanismos de evaluación.

Durante su intervención, Rangel también cuestionó el funcionamiento interno de la Coordinación de Comunicación Social, al considerar que su estructura responde más a una lógica administrativa que estratégica.

Afirmó que actualmente el área cuenta con un departamento administrativo y otro de medios, por lo que una parte importante de sus recursos humanos se destina a tareas burocráticas relacionadas con la gestión y comprobación de gastos, en lugar de fortalecer la comunicación institucional.

“La ingeniería que hoy prevalece está diseñada para administrar facturas y periódicos, y no para definir estrategias de comunicación ni para defender la reputación institucional del Congreso”, sostuvo.

El diputado también señaló rezagos en materia de transparencia digital. Como ejemplo, mencionó que en la página oficial del Congreso aún no se encuentran disponibles elementos básicos como información curricular completa o fotografías de los legisladores

Asimismo, afirmó que el último Programa Operativo Anual de Comunicación Social fue elaborado el 19 de mayo de 2023, pese a que se trata de un instrumento obligatorio para las áreas que ejercen recursos públicos.

Aunque presentada como una reforma administrativa, la iniciativa abre una discusión de  fondo sobre el control de la comunicación institucional en el Congreso, la distribución de espacios de visibilidad política entre legisladores y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a medios de comunicación, un tema que históricamente ha generado cuestionamientos en distintos niveles de gobierno.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su análisis.