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MORELIA, Mich., 22 de junio de 2026.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado analiza una reforma que permitiría comisionar temporalmente a trabajadores entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos, con goce de sueldo y sin pérdida de derechos laborales.
La propuesta, emanada del PVEM, busca incorporar a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios una figura que permita la movilidad temporal de personal técnico, admunistrativo u operativo entre distintas instituciones públicas, bajo reglas específicas y con autorización de la dependencia de origen.
De aprobarse, los trabajadores podrían desempeñar funciones en otro poder o ente público sin dejar de pertenecer a la institución donde fueron contratados originalmente. Además, conservarían salario, prestaciones, compensaciones y antigüedad, sin que la comisión implique una adscripción definitiva.
Uno de los argumentos expuestos en el proyecto es que el Poder Ejecutivo concentra personal con experiencia técnica, operativa y administrativa que podría fortalecer labores dw análisis legislativo, asesoría jurídica, revisión presupuestaria, diseño de políticas públicas o apoyo especializado en otras áreas del servicio público.
La iniciativa sostiene que actualmente existen restricciones normativas que dificultan formalizar este tipo de colaboraciones, lo que impide aprovechar plenamente las capacidades instaladas dentro del propio gobierno estatal.
Entre las disposiciones propuestas se establece que las comisiones deberán autorizarse por escrito y precisar el objeto de la colaboración, su duración y el nombre del servidor público responsable de supervisar al trabajador comisionado.
Asimismo, se plantea que las comisiones tengan una duración máxima de un año, aunque podrían renovarse las veces que se considere necesario. Durante ese periodo, el trabajador conservaría su estatus laboral y adscripción original.
La reforma también prevé que integrantes de los poderes legislativos federal y estatal puedan solicitar personal especializado para funciones técnicas, jurídicas, administrativas o de análisis parlamentario, siempre que exista disponibilidad operativs y presupuestal y que no se afecte la prestación de servicios en la dependencia de origen.
Otro de los requisitos es que las personas comisionadas permanezcan localizables y disponibles para la institución a la que pertenecen formalmente durante todo el tiempo que dure la comisión.
El proyecto argumenta que este esquema no representaría subordinación entre poderes ni invasión de competencias, sino una forma de colaboración institucional destinada a maximizar el aprovechamiento de recursos humanos especializados en áreas como ejecución presupuestal, normatividad administrativa y seguridad pública.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deberá valorar los alcances laborales, administrativos e institucionales de la propuesta antes de emitir el dictamen que determine si la reforma avanza al Pleno para su discusión y eventual aprobación.




