Buscan muerte civil para políticos corruptos en Michoacán
MORELIA, Mich., 6 de mayo de 2025.- El diputado local J. Reyes Galindo Pedraza, en conjunto con el colectivo Voces Alternas, impulsa una reforma constitucional que propone la “muerte civil” para políticos y funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción o faltas administrativas graves. Esta figura implica la inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo público en Michoacán.
La propuesta, que será presentada este miércoles en sesión plenaria del Congreso de Michoacán, busca reformar 17 artículos de la Constitución del Estado para impedir el acceso a cargos públicos en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
También se veta a los corruptos de laborar en órganos autónomos, ayuntamientos y entidades descentralizadas, a quienes hayan incurrido en responsabilidades administrativas graves conforme a la ley estatal en la materia.
El proyecto modifica artículos clave como el 24, 50, 63, 76, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103 y 119, y crea figuras como el artículo 24 bis y el 63 bis, en los que se establecerá que ninguna persona con antecedentes de corrupción podrá contender por, o ser ser designada, el servicio público.
Es decir, que ninguna persona culpable de corrupción podrá ser electa diputada, gobernadora, secretaria de Gobierno, presidenta municipal, síndica o regidora, ni ocupar cargos en el Poder Judicial, el Instituto Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General, la Defensoría de Oficio, el Instituto de Transparencia o el Tribunal de Justicia Administrativa.
La iniciativa se fundamenta en datos del INEGI y Transparencia Internacional que ubican a México entre los países con peor percepción de la corrupción, con apenas 26 de 100 puntos posibles, lo que coloca al país en el lugar 140 de 180.
En Michoacán, el 88 por ciento de la población considera frecuentes los actos de corrupción, con una tasa de 25 mil 394 casos por cada 100 mil habitantes.
Además de lo simbólico, el costo directo de este problema asciende a más de tres mil pesos por persona a nivel nacional.
La iniciativa busca, por tanto, cerrar el paso de manera definitiva a quienes han traicionado la confianza pública.
Los impulsores consideran que esta medida representa un paso firme para restaurar la legitimidad institucional y reconstruir la confianza ciudadana en el servicio público.
