Buscan en Michoacán ventaja fiscal para taxis app frente a Uber y Didi

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2026.- En el Congreso de Michoacán ya se analiza una reforma para dar ventajas fiscales y regulatorias a plataformas digitales desarrolladas por taxistas concesionados, en un nuevo intento por equilibrar la competencia frente a empresas transnacionales de movilidad como Uber, Didi y similares.

La propuesta fue presentada este miércoles por el diputado del PT, Hugo Ernesto Rangel Vargas, y plantea modificar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Ingresos del estado para que las aplicaciones creadras por transportistas locales sean consideradas “mecanismos auxiliares de modernización del servicio público” y no plataformas independientes de intermediación tecnológica.

Con ello, las herramientas digitales impulsadas por concesionarios de taxi podrían quedar fuera del mismo esquema de cobros y regulación aplicado actualmente a grandes plataformas privadas de transporte. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad y Comunicaciones para su análisis y eventual dictamen.

Durante su intervención en tribuna, el legislador petista construyó un discurso marcadamente crítico contra el modelo económico de las aplicaciones digitales de movilidad, al que acusó de profundizar desigualdades laborales y desplazar económicamente a transportistas locales mediante capital financiero transnacional.

“La movilidad no es un bien suntuario”, afirmó al defender que el transporte constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, la reducción de desigualdades regionales y la generación de oportunidades.

Aunque reconoció que la economía digital “llegó para quedarse”, sostuvo que las grandes plataformas digitales generan “asimetrías” y barreras de entrada para concesionarios tradicionales del transporte público.

Sin mencionar directamente a Uber o Didi, el posicionamiento estuvo claramente dirigido contra ese modelo empresarial. Rangel Vargas acusó a las plataformas de competir “de forma desleal” mediante fuertes inyecciones de capital, estructuras de cabildeo político y millonarios presupuestos de posicionamiento comercial.

Además, desarrolló un discurso abiertamente ideológico contra la llamada economía de plataformas. El Diputado sostuvo que las aplicaciones digitales han construido una “falsa narrativa de libertad laboral” y afirmó que trasladan costos operativos y riesgos económicos a los propios conductores mientras concentran ganancias en corporativos extranjeros.

Incluso utilizó conceptos como “plusvalía”, “explotación de la fuerza de trabajo” y “capital transnacional” para cuestionar el funcionamiento económico de las plataformas digitales de transporte.

“El traslado de plusvalía y de la explotación de la fuerza de trabajo termina concentrándose en las matrices de estos grandes consorcios”, señaló. Pese al tono ideológico del discurso, el contenido concreto de la iniciativa se concentra principalmente en el aspecto fiscal y regulatorio.

Actualmente, explicó el legislador, la Ley de Ingresos obliga al pago de un derecho equivalente a 2 mil 400 UMAS para registrar plataformas digitales de transporte, monto que ronda aproximadamente los 270 mil pesos.

A consideración del petista, ese cobro representa un “grillete de competitividad” para concesionarios de taxi que buscan desarrollar aplicaciones propias para competir en el mercado digital.

Por ello, la reforma plantea introducir el concepto de “diferenciación regulatoria”, bajo le argumento de que el servicio público concesionado de taxi tiene una naturaleza jurídica distinta a la de las plataformas privadas de intermediación tecnológica, debido a que los taxistas ya operan bajo controles administrativos, tarifarios y regulatorios permanentes del Estado.

La propuesta también señala que la propia legislación estatal ya reconoce el uso de herramientas digitales en modalidades como Radio Taxi, por lo que considera viable ampliar mecanismos tecnológicos para concesionarios sin equipararlos a corporativos privados internacionales.

Durante la exposición se mencionaron experiencias como MiTaxi, en Ciudad de México, y QroTaxi, en Querétaro, además de Taxi Seguro, plataforma impulsada actualmente en Michoacán.

Aunque el discurso legislativo se construyó bajo una narrativa de defensa de trabajadores y transportistas locales, la iniciativa no incorpora nuevas obligaciones laborales, seguridad social, prestaciones ni regulación específica para conductores que actualmente operan mediante aplicaciones privadas.

En los hechos, el alcance principal de la propuesta apunta a reducir cargas fiscales y generar condiciones preferenciales para plataformas vinculadas al sistema tradicional de concesiones de taxi en Michoacán.