Buscan crear padrón de migrantes deportados en Michoacán 

MORELIA, Mich., 19 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán alista una reforma legal para reforzar la atención, registro e integración social y laboral de migrantes michoacanos deportados o retornados de Estados Unidos, ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país y el aumento previsto de repatriaciones forzosas.

El dictamen, que ya fue aprobado en la Comisión de Migración y será turnado al Pleno este miércoles, plantea modificaciones a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán, con el propósito de reconocer de manera específica a las personas migrantes en retorno voluntario o forzado y establecer mecanismos de acompañamiento institucional para su reintegración.

La propuesta advierte que Michoacán enfrenta un escenario de presión social y económica derivado de las políticas migratorias restrictivas impulsadas en Estados Unidos, particularmente tras el regreso de Donald Trump a la Presidencia de ese país.

El documento refiere que miles de personas podrían volver a sus comunidades de origen “con sólo lo que traen puesto”, tras procesos de deportación, lo que podría generar problemas de estabilidad social, económica y de seguridad si no existe una estrategia integral de atención.

Actualmente, la ley estatal ya contempla acciones generales para migrantes, pero la reforma busca incorporar nuevas categorías y herramientas específicas para personas retornadas, especialmente aquellas repatriadas de manera forzosa.

Entre los cambios planteados destaca la creación de un registro más detallado de migrantes michoacanos retornados, en el que deberá especificarse si el regreso fue voluntario o forzado, además de incorporar información sobre habilidades, experiencia laboral y conocimientos adquiridos en el extranjero.

La intención, según el dictamen, es utilizar esa información para facilitar su integración productiva y laboral en Michoacán, así como orientar políticas públicas de apoyo social y económico.

La reforma también plantea que las políticas públicas estatales incluyan el reconocimiento y promoción del “talento migrante”, mediante acciones relacionadas con empleo, capacitación, desarrollo económico y vinculación con la iniciativa privada.

Asimismo, establece que las acciones gubernamentales deberán priorizar la reintegración social, laboral, educativa, cultural y psicológica de las personas migrantes retornadas, principalmente de quienes hayan sido deportadas.

El documento legislativo sostiene que muchas familias retornan con afectaciones emocionales, económicas y sociales derivadas de la separación familiar, las detenciones migratorias y la pérdida de ingresos, por lo que considera necesario fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y sectores productivos.

Entre los argumentos expuestos en el dictamen se señala que Michoacán se mantiene como una de las principales entidades expulsoras de migrantes del país y que millones de personas de origen michoacano residen actualmente en Estados Unidos.

También se advierte que las remesas representan uno de los principales soportes económicos de la entidad, por lo que un incremento en las deportaciones podría impactar directamente a familias y comunidades enteras.

La Comisión de Migración concluyó que las modificaciones son viables jurídicamente y no representan impacto presupuestal adicional, además de que fortalecen el enfoque de derechos humanos y no discriminación hacia las personas migrantes retornadas.