Buscan cerrar albazos en cabildos de Michoacán

MORELIA, Mich., 27 de febrero de 2026.- Con el argumento de cerrar un vacío legal que permite votar asuntos sin información suficiente, diputados de Morena en el Congreso del Estado impulsan una reforma para frenar el tratamiento exprés de temas sensibles en los Cabildos municipales.

La iniciativa, presentada por María Itzé Camacho Zapiain y Juan Carlos Barragán Vélez, plantea modificar los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para diferenciar con claridad los plazos de entrega de información entre sesiones ordinarias y extraordinarias.

Actualmente, la ley establece un plazo general de 24 horas para solicitar y recibir información sobre los asuntos a tratar en sesión de Cabildo, sin distinguir el tipo de sesión. 

La reforma propone mantener ese plazo para las sesiones ordinarias, pero fijar un mínimo de 12 horas cuando se trate de sesiones extraordinarias, que por su naturaleza tienen convocatorias más breves.

El ajuste busca garantizar que regidoras y regidores cuenten con antecedentes y anexos suficientes antes de emitir su voto, particularmente en asuntos de alto impacto como deuda municipal, contrataciones, dictámenes de protección civil, ecología, cambios de uso de suelo y cuenta pública.

Uno de los cambios centrales establece que estos temas deberán enlistarse y analizarse únicamente en sesiones ordinarias, cerrando la posibilidad de que se discutan en sesiones extraordinarias convocadas con tiempos reducidos.

Además, la propuesta obliga a que las dudas o aclaraciones sobre la información remitida con la convocatoria sean atendidas al menos con 12 horas de anticipación a la celebración de la sesión, con lo que se busca evitar votaciones sin sustento técnico o jurídico.

En la exposición de motivos, se advierte que la falta de precisión normativa puede derivar en decisiones adoptadas sin análisis suficiente, debilitando la calidad de la función pública municipal y la rendición de cuentas.

La reforma no crea nuevas cargas administrativas, sino que armoniza los plazos con la dinámica de convocatoria ya prevista en la ley, bajo el argumento de fortalecer la deliberación democrática en los Ayuntamientos y acotar prácticas de fast track en la toma de decisiones locales.