Buscan cárcel en Michoacán para burócratas discriminadores

MORELIA, Mich., 25 de mayo de 2026.- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán analiza endurecer las sanciones penales contra servidores públicos que discriminen a ciudadanos mediante la negativa o retraso reiterado de trámites, servicios o derechos, particularmente cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.

La propruesta plantea reformar el artículo 180 del Código Penal del estado para aumentar hasta en dos terceras partes las penas actuales contra funcionarios estatales o municipales que “nieguen o retarden reiteradamente” derechos, trámites o servicios por motivos relacionados con origen étnico, género, edad, discapacidad, orientación sexual u otras condiciones.

La iniciativa, promovida desde Morena, además de prisión contempla destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos “por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.

La reforma pone especial énfasis en casos donde las víctimas sean mujeres, menores de edad, personas con duiscapacidad, integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes o personas de la diversidad sexual.

En la exposición de motivos, Morena sostiene que la discriminación institucional “es una de las violencias más silenciosas, pero más destructivas, porque emana de la misma entidad que tiene la obligación de proteger al ciudadano”.

El documento advierte que cuando un servidor público “niega o retarda un servicio, trámite o derecho motivado por prejuicios”, no sólo incurre en una falta administrativa, sino que “atenta contra el pacto social”.

La iniciativa también argumenta que en Michoacán la discriminación burocrática mantiene y profundiza desigualdades estructurales, particularmente contra comunidades indígenas y grupos históricamente excluidos.

Como ejemplo, el proyecto menciona a mujeres indígenas de la Meseta Purépecha que enfrentan negativas de atención médica por no hablar español o por vestir ropa tradicional, así como personas con discapacidad ignoradas deliberadamente en oficinas públicas y ciudadanos de la diversidad sexual que enfrentan obstáculos burocráticos o negación de servicios.

La propuesta cita datos de la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS), según los cuales casi una de cada cuatro personas mayores de edad en México, equivalente al 23.7 por ciento, afirma haber sufrido discriminación.

Asimismo, refiere que más del 28 por ciento de la población indígena reportó negación injustificada de atención médica o apoyos sociales, mientras que 33.8 por ciento de las personas con discapacidad manifestó haber enfrentado situaciones discriminatorias.

El proyecto identifica como focos recurrentes de exclusión a oficinas gubernamentales, centros de salud y agencias del Ministerio Público.

En el caso de las mujeres, la iniciativa señala que continúan siendo víctimas de “violencia institucional” en procesos judiciales donde sus denuncias son minimizadas o retardadas, situación que incluso podría colocarlas en riesgo de feminicidio.

Uno de los cambios centrales de la reforma consiste en tipificar específicamente la “reiteración y la negativa estructural” por parte de servidores públicos, es decir, castigar conductas sistemáticas y no únicamente hechos aislados.

También se obligaría a autoridades estatales y municipales a realizar capacitaciones obligatorias en materia de derechos humanos, no discriminación y atención a grupos vulnerables dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Además, el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos tendrían que promover campañas de difusión en español y lenguas originarias para informar a la ciudadanía sobre su derecho a recibir un trato digno y libre de discriminación en instituciones públicas.

La iniciativa sostiene que las leyes actuales resultan insuficientes frente a lo que denomina “burocracia excluyente”, por lo que plantea utilizar el derecho penal como mecanismo para inhibir conductas discriminatorias dentro del servicio público.