Buscan amarrar por ley recursos para proteger 235 mil hectáreas de bosque

MORELIA, Mich., 21 de julio de 2026.- La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del Estado analiza una reforma que obligaría al gobierno de Michoacán a destinar presupuesto permanente -aunque no se especifica cuánto- para fortalecer la vigilancia comunitaria de los bosques, mediante Guardianes Ambientales Comunitarios.

Los  Guardianes Ambientales Comunitarios constituyen una figura legal, integrada por habitantes de ejidos y comunidades que colaboran en la detección de incendios forestales, tala clandestina y otros daños al patrimonio natural.

La iniciativa emanada de Morena permanece en estudio legislativo, y busca adicionar el artículo 78 Bis a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado con un cambio de fondo: que el respaldo económico a estos grupos deje de depender de programas temporales o de la voluntad política de cada administración y se convierta en una obligación prevista cada año en el Presupuesto de Egresos del Estado.

El planteamiento surge en un contexto en el que Michoacán reporta 235 mil hectáreas incorporadas a la red estatal de Áreas Naturales Protegidas, luego de sumar más de 4 mil nuevas hectáreas destinadas a la condservación. 

Sin embargo, el propio documento reconoce que esa superficie continúa expuesta a amenazas como la tala ilegal, los incendios forestales provocados y el cambio ilícito de uso de suelo para actividades agrícolas y comerciales.

La propuesta identifica como una de las principales debilidades la limitada capacidad operativa de las instituciones ambientales para vigilar extensas zonas forestales, situación que ha dejado amplias regiones bajo la vigilancia prácticamente exclusiva de las propias comunidades.

En ese contexto, la reforma plantea reconocer jurídicamente a los Guardianes Ambientales Comunitarios, una figura que estaría integrada por los comités de vigilancia de ejidos y comunidades previamente registrados. Se trata de grupos ciudadanos que realizan labores de observación y protección ambiental en sus territorios y que, con la reforma, tendrían identidad institucional frente a las autoridades estatales.

A diferencia de cuerpos de seguridad o policías ambientales, los Guardianes Ambientales Comunitarios no tendrían facultades para detener personas, realizar funciones coercitivas ni intervenir en operativos. 

Su labor se limitaría al monitoreo preventivo de los ecosistemas, la detección temprana de incendios forestales, la identificación de posibles talas clandestinas, el apoyo en la restauración ambiental y la emisión de alertas para que sean las autoridades competentes quienes intervengan.

Precisamente por ello, la iniciativa propone que el Ejecutivo estatal garantice anualmente partidas presupuestales específicas para dotarlos de equipos de innovación tecnológica y sistemas de radiocomunicación que permitan mejorar la vigilancia de zonas de difícil acceso y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias ambientales.

Además de institucionalizar el respaldo económico, la reforma pretende asegurar su permanencia financiera al establecer que el Congreso del Estado deberá considerar, en cada ejercicio fiscal, recursos para el equipamiento técnico y tecnológico de estos grupos comunitarios, conforme a la disponibilidad presupuestal. 

La intención es que el programa deje de depender de apoyos extraordinarios o de decisiones administrativas sexenales y adquiera carácter permanente dentro del gasto público.

El proyecto también prevé que, una vez aprobada la reforma, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado disponga de un plazo de 90 días para elaborar formatos y lineamientos que otorguen validez oficial a los reportes emitidos por los Guardianes Ambientales Comunitarios, de manera que éstos puedan servir como base para iniciar investigaciones y sancionar daños ambientales con mayor agilidad.

En la exposición de motivos se advierte que Michoacán permanece entre las entidades con mayor superficie afectada por incendios forestales, fenómeno que altera el ciclo hidrológico, acelera la erosión del suelo y compromete la recarga de los mantos acuíferos, además de poner en riesgo la producción agroalimentaria y el acceso al agua para las futuras generaciones.

La propuesta sostiene que el reconocimiento de los Guardianes Ambientales Comunitarios no invade competencias federales, ya que la integración formal de los comités de vigilancia seguirá correspondiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La participación del gobierno estatal se limitaría al respaldo institucional, el equipamiento, la capacitación y la coordinación con estas organizaciones comunitarias.

De recibir el aval de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y posteriormente del Pleno del Congreso, Michoacán incorporaría por primera vez en su legislación una obligación expresa para financiar de manera permanente la vigilancia ambiental comunitaria, trasladando al presupuesto estatal una responsabilidad que hasta ahora ha recaído, en buena medida, sobre las propias comunidades que resguardan los bosques.