Busca PRI Michoacán penalizar acaparamiento agrícola y coyotaje

MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2025.- La bancada del PRI en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable y adicionar un nuevo delito al Código Penal del Estado, con el fin de combatir el acaparamiento agrícola y la operación de coyotes dedicados a la especulación en Michoacán.

En la exposición de motivos, el diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, recordó que el 17 de octubre el líder limonero del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, publicó un mensaje en el que advirtió de manera directa: 

“No vamos a permitir el acceso a ningún corredor, ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él”. Señaló que días después, y en medio de investigaciones, el Gobierno del Estado reconoció la falta de control administrativo del tianguis limonero.

Valencia expuso que la inseguridad no se resuelve únicamente con reformas legales, pero insistió en que el Congreso sí puede generar herramientas que frenen estructuras especulativas y prácticas monopólicas que afectan a los productores. 

Señaló que Bravo “clamaba por mayores controles del estado que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 5, 9 y 12 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para reforzar la obligación del Ejecutivo de fortalecer la seguridad y el bienestar económico de productores, jornaleros y comunidades rurales. 

También propone que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario instrumente programas que impidan el intermediarismo colectivo de gran escala con fines de especulación y fijación de precios y que garantice mecanismos de comercialización que protejan la rentabilidad agrícola.

El eje principal del proyecto es la creación del artículo 335 ter del Código Penal del Estado, que establece de cinco a diez años de prisión y multas de mil a cinco mil días de salario a quienes acaparen productos agrícolas con fines de especulación y control de precios. 

Entre las conductas consideradas se incluyen la compra de producto a más de un tercio de los productores registrados en el padrón anual del campo, la organización en privado para adquirir cosechas con fines especulativos y el uso de cualquier forma de coacción para obtener cultivos.

Valencia afirmó que este tipo penal daría herramientas al Estado para actuar contra estructuras vinculadas al crimen organizado mediante delitos del fuero común “más fáciles de probar que el homicidio y la extorsión”. 

Añadió que, aunque el Congreso no puede hacer justicia por quienes han sido víctimas en la región de Tierra Caliente, sí puede atender el llamado de Bravo para combatir el intermediarismo “dañino y pernicioso”.

El diputado pidió a las y los legisladores acelerar la revisión de la iniciativa, a la que calificó como perfectible, y consideró necesario aprobarla en un plazo breve para honrar la lucha del líder limonero. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.