Busca Ley Oliver que instituciones alerten de violencia entre jóvenes

MORELIA, Mich., 16 de octubre de 2025.- La iniciativa denominada Ley Oliver, presentada este jueves ante el Congreso de Michoacán, plantea por primera vez responsabilidades legales directas para instituciones educativas, dependencias y municipios en la detección y atención de la violencia entre jóvenes con vínculos de confianza, como amistad, noviazgo o convivencia cotidiana.

La reforma, presentada este jueves en el Congreso de Michoacán, por el diputado Hugo Rangel, adicionaría un nuevo Capítulo Décimo a la Ley de los Jóvenes del Estado, con el que el Instituto de la Juventud Michoacana quedaría obligado a coordinar acciones de prevención, detección y denuncia ante casos de violencia letal o amenazas entre pares.

Las instituciones públicas y privadas de nivel medio superior, así como los espacios donde los jóvenes interactúan de manera regular, tendrían que implementar programas obligatorios de educación emocional, resolución pacífica de conflictos y mecanismos de denuncia anónima para prevenir agresiones o feminicidios entre conocidos.

Desde tribuna, detalló que la propuesta también ordena la creación de comités de atención psicológica y jurídica con facultades para reportar riesgos a las autoridades competentes, así como la instauración de un Protocolo Estatal de Alerta por Riesgo entre Pares (PERREP), que se activaría cuando existan antecedentes de violencia o amenazas entre personas cercanas.

El alcance de esta reforma implicaría que la prevención de homicidios entre jóvenes deje de ser solo un asunto penal y se convierta en una obligación institucional, con participación directa de escuelas, ayuntamientos y organismos públicos.

 Además, con la creación de un Banco Estatal de Casos de Violencia Letal entre Pares, el Estado podrá reunir y analizar patrones de comportamiento para orientar políticas públicas y estrategias de seguridad focalizadas.

El documento advierte que las actuales políticas de juventud se han limitado a actividades superficiales, sin atender la realidad de violencia y riesgos que enfrentan las personas menores de 30 años. 

Por ello, los promoventes, los diputados Hugo Ernesto Rangel Vargas del Partido del Trabajo y Grecia Jennifer Aguilar Mercado de Movimiento Ciudadano, junto con Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión de Víctimas, y los ciudadanos Elena Laura Valle Cuadra y Jorge Guerrero Chávez, buscan que el Instituto de la Juventud asuma un papel operativo y no simbólico en materia de prevención.

La llamada Ley Oliver toma su nombre del caso de Oliver Valle Cuadra, un joven asesinado en 2022 por una persona de su entorno cercano. Su historia motivó la iniciativa que, más allá de rendir homenaje, pretende modificar la actuación del Estado frente a la violencia que ocurre donde se supone hay confianza.

De aprobarse, la legislación entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y marcaría un precedente nacional al establecer obligaciones legales de prevención y alerta temprana frente a la violencia entre pares, en un contexto donde Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos contra adolescentes.