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MORELIA, Mich., 18 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza una reforma para obligar al Sistema DIF estatal a fortalecer y ampliar de manera permanente la red de familias de acogida, en un intento por reducir la permanencia de niñas, niños y adolescentes en casas hogar y avanzar hacia modelos de protección temporal basados en entornos familiares.
La propuesta, actualmente en revisión legislativa, no crea desde cero la figura de familias de acogida, ya contemplada en el sistema de protrección infantil, sino que busca convertir en obligación legal del DIF la promoción, capacitación, certificación y seguimiento institucional de hogares temporales para menores en situación de vulnerabilidad.
El planteamiento fue impulsado por la diputada panista Teresita de Jesús Herrera Maldonado, mediante una modificación a la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán, con la que se pretende incorporar expresamente entre las funciones del organismo la implementación de programas permanentes de acogimiento familiar.
El eje de la iniciativa parte de una crítica implícita al modelo de institucionalización prolongada de menores de edad en centros asistenciales. El documento advierte que, aunque las casas hogar representan medidas de protección, no siempre garantizan el desarrollo emocional y afectivo que ofrece un entorno familiar.
Actualmente, más de 400 niñas, niños y adolescentes permanecen bajo acogimiento residencial en Michoacán, mientras cerca de 500 menores esperan adopción. En contraste, apenas alrededor de 10 hogares de acogida estaban disponibles recientemente para recibir temporalmente a menores mientras se resuelve su situación jurídica.
La reforma plantea que el DIF estatal deje de limitarse al resguardo institucional y asuma tareas permanentes de construcción y fortalecimiento de una red formal de familias de acogida, mediante campañas de concientización social, procesos de evaluación, acompañamiento psicológico y jurídico, así como mecanismos de supervisión continua.
En términos prácticos, la propuesta obligaría al estado a desarrollar protocolos técnicos de selección y certificación de familias, monitoreo especializado de los menores acogidos y esquemad de intervención interdisciplinaria para evitar riesgos de violencia, abandono, revictimización o irregularidades en el cuidado temporal.
El proyecto define a las familias de acogida como núcleos previamente capacitados y supervisados que brindan protección temporal, cuidados y estabilidad emocional a menores que atraviesan situaciones de abandono, violencia, orfandad, desintegración familiar o vulnerabilidad extrema.
La iniciativa también coloca presión sobre la capacidad operativa y presupuestal del DIF Michoacán, pues de aprobarse tendría que ampliar personal especializado, atención psicológica, seguimiento jurídico y sistemas de vigilancia institucional para sostener el modelo de acogimiento familiar a mayor escala.
El documento legislativo sostiene que organismos internacionales como UNICEF han advertido sobre las afectaciones emocionales, sociales y psicológicas que puede generar la institucionalización prolongada, especialmente durante las primeras etapas del desarrollo infantil.
Bajo ese argumento, la propuesta busca que el acogimiento familiar temporal deje de operar como un mecanismo limitado o excepcional y se convierta en una política pública permanente orientada al interés superior de la niñez.
La modificación consistiría en adicionar una nueva fracción al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social del Estado para establecer como función del DIF el diseño e implementación de programas permanentes de promoción y fortalecimiento de familias de acogida en Michoacán.




