Busca Congreso de Michoacán retirar derechos de sus hijos a feminicidas

MORELIA, Mich., 15 de agosto de 2026.- Michoacán se sumó a las entidades que han impulsado modificaciones legales para proteger a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, al establecer que los responsables de este delito pierdan los derechos que tengan sobre la descendencia de la víctima.

La reforma, impulsada por la diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, contempla la adición al artículo 120 del Código Penal del Estado, con la finalidad de impedir que quien cometa feminicidio conserve derechos jurídicos sobre los hijos e hijas que tuvo en común con la víctima.

Entre las consecuencias previstas se encuentra la pérdida de la patria potestad, así como del derecho a exigir alimentos y de los derechos sucesorios respecto de la descendencia de la mujer asesinada.

La modificación busca atender la situación de vulnerabilidad en la que quedan niñas, niños y adolescentes tras el feminicidio de sus madres, particularmente cuando el responsable del delito mantiene algún vínculo jurídico con ellos.

Con esta medida, Michoacán se incorpora a la discusión legislativa que en distintas entidades del país ha buscado fortalecer la protección de las infancias que quedan en orfandad por feminicidio y evitar que los agresores puedan conservar derechos sobre ellas.

El planteamiento parte del principio del interés superior de la niñez, al considerar que los hijos de las víctimas deben contar con mecanismos que les permitan quedar protegidos tanto de posibles riesgos como de vínculos jurídicos derivados del delito cometido contra su madre.

La propuesta de Isauro Hernández se relaciona con las reformas conocidas como Ley Monzón, impulsadas a nivel nacional para retirar la patria potestad a personas responsables de feminicidio y proteger a las hijas e hijos de las víctimas.

La reforma michoacana representa así un cambio en la manera de abordar las consecuencias del feminicidio, al considerar no únicamente la pérdida de la vida de la mujer, sino también las afectaciones jurídicas y familiares que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que quedan tras el crimen.