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MORELIA, Mich., 2 de marzo de 2026.- Aunque en Michoacán ya opera un decreto del Ejecutivo estatal que eliminó la imposición de multas económicas de tránsito por parte de la autoridad estatal, el Congreso analiza una reforma para que ese criterio quede establecido expresamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y no dependa de una decisión administrativa.
La iniciativa, impulsada por el diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez, propone modificar los artículos 3 y 37 de la legislación vigente para que las infracciones de tránsito se atiendan prioritariamente mediante medidas preventivas, educativas y correctivas, y que las multas económicas no constituyan el mecanismo ordinario de control.
El proyecto plantea que el objeto de la ley deje de centrarse en la aplicación de sanciones administrativas y establezca como eje la seguridad vial y la protección de los derechos humanos por encima de fines recaudatorios. En concreto, el artículo 3 incorporaría la obligación de privilegiar medidas no económicas para salvaguardar la integridad de las personas usuarias de la vía pública.
En el caso del artículo 37, se establece que el Estado y los municipios ejercerán de manera concurrente la imposición de medidas preventivas, educativas y correctivas, dejando claro que las multas no deberán ser el instrumento regular de sanción en materia de tránsito.
Uno de los puntos relevantes es que, de aprobarse, el decreto obligaría a que en un plazo de hasta 180 días naturales el Estado y los municipios adecuen y armonicen sus reglamentos, disposiciones administrativas y protocolos de actuación para incorporar criterios objetivos de aplicación, proporcionalidad y reincidencia.
En la exposición de motivos se sostiene que el modelo tradicional basado en sanciones monetarias generó discrecionalidad, desconfianza ciudadana y una percepción de que la función de tránsito tenía fines recaudatorios. El promovente argumenta que la evidencia en seguridad vial apunta a que la prevención, la educación y la corrección de conductas resultan más eficaces para reducir siniestros y lesiones graves.
Si bien la eliminación de multas ya se aplica en el ámbito estatal por decreto del Ejecutivo, la reforma legislativa busca elevar ese criterio a rango de ley, ampliarlo al ámbito municipal y darle mayor estabilidad jurídica frente a eventuales cambios de gobierno.
La propuesta se encuentra en análisis de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, que preside el diputado Hugo Rangel Vargas, del PT, y que integra el propio Juan Carlos Barragán.




