Busca Carlos Tafolla obligar inclusión de independientes en Jucopo

MORELIA, Mich., 5 de abril de 2026.- La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso de Michoacán tiene sobre la mesa el análisis de una iniciativa que busca obligar la inclusión de diputados independientes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y en el resto de los órganos legislativos, en medio de un reclamo directo contra prácticas de exclusión al interior del Poder Legislativo.

La propuesta fue presentada por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla y plantea reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para reconocer de manera expresa a las representaciones independientes como parte de la estructura parlamentaria, con derecho a conformar grupo propio, participar en la toma de decisiones y acceder en condiciones de igualdad a comisiones, comités y espacios de poder.

El documento no disimula el trasfondo político del planteamiento. Advierte que la actual integración del Congreso ha derivado en prácticas discriminatorias y llama a corregirlas desde la ley: “no abonemos a que en este Congreso exista la discriminación en ninguna de sus formas”, señala, al exigir que la participación en los órganos legislativos sea “sin distingo alguno”.

La iniciativa parte de un señalamiento central: la legislación vigente no contempla con claridad la inclusión de diputados independientes en los órganos de gobierno, lo que en los hechos ha permitido su exclusión. 

De ahí que se insista en que la Jucopo “debe ser el órgano colegiado en el que se impulse el entendimiento y converjan todas las fuerzas políticas, sin dejar fuera a nadie”.

En esa línea, el propio promovente eleva el tono frente a las mayorías parlamentarias: “no más agandalle en la integración de los órganos de este Poder Legislativo”, advierte en la exposición de motivos, en lo que se lee como un señalamiento directo al control político interno del Congreso.

Actualmente, la integración del Congreso funciona bajo una lógica de bancadas partidistas. Los grupos parlamentarios, que se conforman con diputados de un mismo partido, son los que concentran la representación formal en la Jucopo, órgano donde se definen la agenda legislativa, la distribución de comisiones y buena parte de las decisiones políticas y administrativas del Poder Legislativo.

En ese esquema, los diputados independientes quedan en una zona gris. Al no constituir formalmente una bancada reconocida en igualdad de condiciones, su participación depende de acuerdos políticos o interpretaciones legales, lo que en los hechos los deja fuera de los espacios donde se ejerce el poder real dentro del Congreso.

De ahí el trasfondo del conflicto: no se trata sólo de un ajuste normativo, sino de abrir, por ley, un espacio que hoy está controlado por las mayorías partidistas.

Entre los cambios propuestos se establece que los grupos parlamentarios podrán integrarse también por diputados independientes, que estos podrán contar con coordinación y vicecoordinación propias, y que deberán ser considerados en la distribución de espacios legislativos bajo criterios de proporcionalidad y representación efectiva.

Asimismo, se contempla que incluso aquellos legisladores que no se integren a grupo parlamentario o representación formal tengan garantizada su participación en comisiones, comités y órganos del Congreso, cerrando así cualquier margen para su exclusión institucional.

El sustento jurídico de la propuesta se ancla en un antecedente reciente. El documento refiere que, al inicio de la actual Legislatura, fue necesario promover un juicio para la protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, luego de que se negara el reconocimiento de una fracción parlamentaria independiente.

En esa resolución, el órgano jurisdiccional determinó que los representantes electos por la vía independiente “tienen derecho a conformar su propio grupo parlamentario”, y advirtió que negar ese reconocimiento vulnera el principio de representación efectiva y el acceso a recursos necesarios para el desempeño del cargo.

La sentencia obligó al Congreso a reconocer dicha fracción y ajustar la integración de sus órganos, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento.

Sin embargo, el tránsito de la reforma no se perfila sencillo. La propuesta implica modificar el equilibrio interno de poder, particularmente en la Jucopo, donde las bancadas mayoritarias definen el control político del Congreso.

Abrir ese espacio a independientes significaría redistribuir posiciones, voz y voto en la toma de decisiones, lo que inevitablemente toca intereses de las fuerzas políticas que hoy dominan la estructura legislativa.

En ese contexto, la viabilidad de la iniciativa dependerá no sólo de argumentos jurídicos, sino de la disposición de las mayorías a ceder espacios, algo que históricamente ha sido uno de los puntos más rígidos en la dinámica parlamentaria.

En el fondo, la discusión coloca en tensión dos modelos: uno cerrado, controlado por partidos, y otro que busca incorporar plenamente a figuras independientes. Y en esa disputa, la reforma de Bautista Tafolla intenta convertir en obligación legal lo que hasta ahora ha tenido que ganarse en tribunales.