GPPT del lado de las causas de la gente: Vicente Gómez
MORELIA, Mich., 20 de agosto de 2026.- El retiro de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán debe analizarse más allá de la situación personal del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues podría ser un indicio de una eventual embestida judicial de Estados Unidos contra el régimen político mexicano, con investigaciones relacionadas con corrupción y posibles vínculos entre el poder político, el partido en el gobierno y el crimen organizado, consideró el analista político Federico Berrueto.
Durante su participación en el espacio de análisis de Quadratín Michoacán, Berrueto señaló que buena parte de la discusión pública se ha quedado en aspectos superficiales del caso, cuando lo relevante es entender el alcance que podrían tener las investigaciones de las autoridades estadounidenses.
“Lo que está diciendo la fiscalía de Estados Unidos o el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que hay connivencia entre el poder político, el partido político y un cártel de la droga que tiene la condición de grupo terrorista”, afirmó.
A su juicio, el verdadero riesgo no está únicamente en una eventual investigación contra López Beltrán, sino en que el caso forme parte de un expediente de mayores dimensiones que pudiera alcanzar a funcionarios, gobernadores y otros actores políticos vinculados con el régimen.
“El fondo del tema tiene que ver con que el retiro de visa pone al descubierto el juicio sobre el régimen político por parte de Estados Unidos”, sostuvo Berrueto, quien advirtió que podría estar configurándose “una embestida judicial de proporciones mayores”.
Explicó que las investigaciones estadounidenses abarcarían distintos planos, entre ellos el relacionado con las elecciones de 2021 y otro vinculado con el contrabando de combustible, este último relevante para las autoridades de Estados Unidos por los posibles vasos comunicantes con el crimen organizado y el narcotráfico.
Berrueto consideró que las reacciones desde el gobierno mexicano frente al retiro de la visa no han permitido dimensionar adecuadamente el problema, pues se ha centrado la atención en la defensa personal de López Beltrán en lugar de analizar el escenario judicial que podría estar construyéndose en Estados Unidos.
Advirtió que, aunque las eventuales acciones estadounidenses se traducirían en imputaciones contra personas concretas, el trasfondo sería mucho más amplio: una investigación sobre el régimen político y sus posibles vínculos con actividades ilícitas.
En Michoacán, Berrueto consideró que el operativo realizado el pasado miércoles en la región de Tanhuato y Ecuandureo, que dejó 15 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos, evidencia que todavía no existen los avances requeridos en materia de seguridad.
Aunque reconoció que el número de homicidios ha disminuido en la entidad, sostuvo que el problema central permanece sin resolverse, particularmente en materia de extorsión.
“El cambio sí lo ha habido porque ha disminuido el número de homicidios en la entidad, pero no han acabado con lo fundamental y lo fundamental tiene que ver con la extorsión”, señaló.
El analista destacó que la respuesta de los grupos criminales después del operativo, mediante la quema de vehículos y bloqueos carreteros, demuestra que mantienen capacidad de operación y reacción en el territorio michoacano.
Consideró que esto coloca en una situación complicada al gobierno estatal, debido a que, pese al despliegue de soldados y elementos de la Guardia Nacional, los grupos criminales continúan teniendo capacidad para alterar la movilidad y generar condiciones de violencia.
Berrueto sostuvo que la descomposición de la seguridad en Michoacán es profunda y no puede revertirse únicamente mediante el despliegue de fuerzas federales, por lo que los acontecimientos recientes muestran que todavía existe un largo camino por recorrer para recuperar el control territorial y combatir delitos como la extorsión.




