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MORELIA, Mich., 24 de julio de 2025.- Seis personas se registraron como aspirantes para presidir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán. El Gobierno del estado deberá seleccionar una terna que será enviada al Congreso local, el cual votará en próximos días para definir a quien ocupará la presidencia del organismo.
Los perfiles inscritos presentan trayectorias diversas: desde exfuncionarios con experiencia en órganos autónomos y representación partidista, hasta servidores públicos sancionados y personas con carrera dentro del sistema estatal de atención a víctimas.
Víctor Manuel Serrato Lozano, quien presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, figura entre los aspirantes con mayor exposición institucional. Antes de ocupar ese cargo, estuvo vinculado políticamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Actualmente, se desempeña como fiscal especializado en delitos electorales en la Fiscalía General del Estado.
Salvador Rodríguez Coria ha sido representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral de Michoacán. Ha participado en procesos de impugnación y foros sobre derechos político-electorales, especialmente en temas de representación indígena.
Ulises García Palomera fue subdirector en la Fiscalía Regional de Morelia y en octubre de 2016 recibió una suspensión de tres días por irregularidades administrativas, según el expediente 107/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos.
También ligada al PT, Susana Vargas Mendoza ha desempeñado funciones en el gobierno municipal de Tarímbaro, principalmente en tareas de vinculación ciudadana. No se le conocen cargos estatales ni experiencia directa en atención a víctimas.
Por su parte, Maricela Núñez Alcaraz y Ana María García Vega cuentan con trayectoria dentro de la propia Comisión Estatal de Atención a Víctimas, donde han trabajado en procesos institucionales relacionados con la atención y acompañamiento a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas es el organismo encargado de garantizar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para quienes han sufrido afectaciones graves. El relevo se da luego de que el actual titular, Josué Mejía, solicitó separarse del cargo al aspirar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.




