Aprueban sin debate cuenta pública 2023 pese a 521 presuntas anomalías
MORELIA, Mich., 30 de abril de 2025.- Con 32 votos a favor y sin un solo posicionamiento en tribuna, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó este martes la cuenta pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
En sesión pública, este miércoles, pasó sin ningún cuestionamiento el documento dictaminado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por Morena, con base en el Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
La votación contó con el respaldo de las fracciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la mayoría delm los diputados del PT no estuvo presente, y todo se desarrolló sin reservas ni debate, pese a que el dictamen documenta múltiples irregularidades técnicas, administrativas y contables.
La cuenta pública es el documento oficial mediante el cual el Poder Ejecutivo informa al Congreso cómo ejerció los recursos públicos durante un año fiscal.
Incluye ingresos, egresos, deuda, inversión, transferencias y estados financieros de cada poder, dependencia, organismo autónomo y entidad paraestatal.
Su revisión permite al Congreso fiscalizar el uso del presupuesto autorizado y verificar si fue ejercido conforme a la ley, con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
El monto ejercido por el Gobierno del Estado en 2023 fue de 100 mil 81 millones 946 mil 738 pesos, resultado de un presupuesto originalmente aprobado por 91 mil 167 millones 361 mil 282 pesos, que fue modificado mediante ampliaciones por 14 mil 84 millones 453 mil 35 pesos y reducciones por 5 mil 169 millones 867 mil 579 pesos, según consta en el documento oficial.
De acuerdo con el documento, el análisis de la ASM identificó 813 observaciones preliminares en auditorías de cumplimiento financiero, financiera y de obra, de las cuales 288 fueron eliminadas, 422 ratificadas y 103 rectificadas.
Como resultado, se emitieron 521 Informes de Presuntas Irregularidades (IPI) y cuatro Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF).
En materia de desempeño, se generaron 58 recomendaciones preliminares, de las cuales 32 fueron ratificadas, 4 rectificadas y 22 eliminadas, quedando 36 recomendaciones por atender, conforme al artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
El dictamen también reporta un subejercicio global de 734 millones 57 mil 531 pesos, es decir, recursos autorizados que no fueron devengados.
El capítulo presupuestal más afectado fue el de inversión pública, con un subejercicio del 79.05 por ciento respecto a su presupuesto modificado.
Pese a que el Poder Ejecutivo entregó la información financiera a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, la Auditoría detectó diversas omisioned normativas, como la falta del informe del flujo de fondos, la utilización de conceptos contables derogados, errores en conciliaciones presupuestarias y contables, e insuficiencias en las notas a los estados financieros, especialmente en los apartados sobre bienes muebles, almacenes, deterioros y pasivos.
También el Poder Legislativo y el Poder Judicial incurrieron en incumplimientos, al presentar información incompleta o que contraviene lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En el caso del Congreso del Estado, se omitió el informe de flujo de fondos, los estudios actuariales y la relación de bienes patrimoniales, entrw otros datos relevantes. El Poder Judicial no incluyó de forma adecuada la información sobre inversiones financieras, estimaciones y deterioros, pasivos diferidos y conciliaciones de flujos de efectivo.
Respecto al sector paraestatal, el dictamen documenta que cinco entes no entregaron su información financiera o la entregaron sin cumplir los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable.
Se trata de la Comisión Forestal del Estado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, el Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes y el Fideicomiso Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán de Ocampo.
De acuerdo con las conclusiones técnicas y jurídicas del dictamen, las comisiones dictaminadoras consideraron que la Auditoría cumplió con lo previsto en el Plan Anual de Fiscalización aprobado por el Congreso, y que los informes entregados reúnen los requisitos establecidos por la legislación estatal.
No obstante, se ordena que la ASM continúe con el seguimiento de las observaciones ratificadas y rectificadas, y que, en su caso, se actúe ante las instancias correspondientes, incluyendo el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado.
Además, se proponen al Congreso reformar diversos artículos de la Ley de Fiscalización para mejorar procesos, establecer consecuencias por el incumplimiento de recomendaciones y precisar definiciones normativas.
La aprobación legislativa cierra el proceso parlamentario de revisión, pero no exime a las dependencias de solventar observaciones ni al órgano técnico de continuar su labor.
Lo llamativo es que, pese a los hallazgos documentados, ningún legislador solicitó el uso de la palabra para analizar o cuestionar el contenido del dictamen, lo que deja sin contraste público la validación del ejercicio de más de 100 mil millones de pesos en recursos públicos.
