Aprueban en comisiones ley antideuda de Ramírez Bedolla 

MORELIA, Mich., 9 de febrero de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Deuda Pública, y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que propone prohibir constitucionalmente la contratación de deuda pública de largo plazo que exceda la duración de la administración estatal en turno, iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y que será turnada al Pleno el próximo miércoles.

La propuesta plantea adicionar dos párrafos a la fracción 12 del artículo 44 de la Constitución de Michoacán para establecer que toda contratación de deuda por parte del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos deberá sujetarse a los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, además de prohibir expresamente que los compromisos financieros se extiendan más allá del periodo constitucional de la administración que los contrata.

En la exposición de motivos se advierte que el servicio de la deuda representa un gasto rígido que desplaza recursos destinados a salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. 

Tan sólo en el ejercicio fiscal 2025, el estado destinó más de 6 mil 300 millones de pesos al pago de deudas heredadas de administraciones anteriores, sin que esos recursos se tradujeran en nuevas obras, servicios o programas públicos.

El dictamen subraya que, al cierre de 2025, la deuda pública estatal presenta una tasa de interés ponderada de 10.7 por ciento, una de las más altas entre las entidades federativas, así como un plazo promedio de 16.6 años, lo que prolonga la presión presupuestaria más allá del horizonte de un solo gobierno. 

Este esquema, se argumenta, incrementa los riesgos macroeconómicos, debilita la posición financiera del estado y puede afectar su calificación crediticia.

Como respaldo técnico, el documento señala que entre 1993 y 2024 la deuda pública de Michoacán creció 682.18 por ciento, mientras que el Producto Interno Bruto estatal solo aumentó 98.7 por ciento, lo que evidencia que el endeudamiento de largo plazo no se tradujo en mayor capacidad productiva ni en desarrollo económico sostenible. 

Incluso, se expone que análisis econométricos del periodo 1993–2024 no muestran una relación estadísticamente significativa entre deuda y crecimiento económico.

Las comisiones dictaminadoras consideran que elevar a rango constitucional el principio de sostenibilidad financiera permitirá evitar que una administración comprometa participaciones futuras y herede pasivos a los gobiernos sucesores, obligando a que la deuda sea cubierta por la misma administración que la contrata.

 Esto, se indica, fortalecerá la planeación presupuestaria y garantizará que el crédito público sea utilizado solo como herramienta de desarrollo inmediato.

El dictamen también se alinea con la reforma federal en materia de disciplina financiera y con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al establecer que la capacidad de pago debe analizarse con base en ingresos presentes y no en expectativas de futuras administraciones.

 Asimismo, se argumenta que la deuda debe corresponder a activos con una temporalidad definida, evitando pasivos que sobrevivan a la vida útil de los bienes financiados.

En el régimen transitorio se establece que el decreto deberá remitirse a los ayuntamientos y concejos municipales para su votación, conforme al procedimiento constitucional.

Así, el Congreso del Estado contará con un plazo de hasta 180 días para armonizar el marco jurídico estatal una vez que la reforma entre en vigor, lo cual ocurriría al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

El proyecto fue avalado por las tres comisiones dictaminadoras, con ajustes de redacción respecto a la iniciativa original, y será sometido a la consideración del Pleno del Congreso como una reforma constitucional que redefine los límites del endeudamiento público en Michoacán.