Llevarán observación electoral hasta prisiones y voto en el extranjero
MORELIA, Mich., 15 de octubre de 2025. Con 23 votos a favor, sin intervenciones en contra y con 17 diputados ausentes, el Congreso del Estado aprobó este miércoles una reforma a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias que limita el apoyo gubernamental a quienes cuenten con estudios de licenciatura o posgrado.
La nueva fracción 19 Bis del artículo 7 obliga al Ejecutivo estatal a diseñar y ejecutar, en coordinación con la iniciativa privada, un programa de apoyo para migrantes víctimas de repatriación forzosa que acrediten tener formación universitaria o de posgrado, con el fin de integrarlos al sector productivo del Estado.
No pasa inadvertido que en los hechos, el beneficio se restringe a una minoría y excluye a miles de michoacanos retornados con trayectorias laborales en el campo, la construcción o los servicios, que en muchos casos no concluyerom ni la educación básica.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Migración, presidida por la diputada morenista Jaqueline Avilés Osorio e integrada por José Antonio Salas Valencia, Juan Antonio Magaña de la Mora y Adriana Campos Huirache.
En su exposición, la comisión argumentó que la medida busca atraer el talento de los llamados dreamers, jóvenes formados académicamente en Estados Unidos, para aprovechar su preparación en sectores como ciencia, tecnología, educación e innovación.
El documento equipara la posible llegada de estos migrantes calificados con la aportación del exilio español a México en 1939, y sostiene que se trata de una “medida visionaria e incluyente” orientada a fortalecer el capital humano del Estado.
Sin embargo, esta reforma no plantea acciones para los migrantes sin estudios profesionales, ni prevé mecanismos de capacitación o certificación laboral que faciliten su reintegración económica.
Durante la sesión, el debate fue prácticamente inexistente. Sólo la priísta Adriana Campos Huirache, coordinadora parlamentaria de su bancada, tomó la palabra para defender la reforma.
Ningún legislador de oposición cuestionó la exclusión implícita ni el alcance de la medida, pese a que Michoacán tiene una de las mayores tasas de migración rural del país y miles de familias dependen de remesas enviadas por trabajadores sin formación académica.
El ausentismo marcó la votación, al igual que el desinterés generalizado entre los legisladores, incluso entre los promoventes de la iniciativa. Sin objeciones ni reservas, el dictamen fue aprobado con 23 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.




