No dejemos herencia legislativa para este tercer año: Octavio Ocampo
MORELIA, Mich., 1 de julio de 2026.- Tras años de rezago en la Comisión de Justicia, el Congreso del Estado dio salida este miércoles a alrededor de 85 iniciativas mediante un solo dictamen que reforma 36 artículos del Código Penal de Michoacán, incorpora nuevos tipos penales, endurece sanciones y actualiza diversas figuras delictivas para responder a fenómenos que, según los legisladores, habían quedado rebasados por la realidad.
El decreto fue aprobado la tarde de este miércoles durante la sesión ordinaria de la 76 Legislatura con 32 votos a favor, luego de un debate en el que incluso se reconoció que decenas de propuestas permanecieron durante meses sin dictaminar.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Anabet Franco Carrizales, explicó que el órgano legislativo analizó de manera conjunta las iniciativas promovidas tanto por diputadas y diputados como por ciudadanos, con el propósito de construir una reforma integral.
"La Comisión de Justicia trabajó en 85 iniciativas presentadas por los diputados y aprobamos 36 artículos dentro de esas iniciativas para el Derecho Penal de Michoacán", señaló.
Agregó que el objetivo fue revisar sistemáticamente cada propuesta para adecuar el Código Penal a la Constitución y fortalecer la protección de los bienes jurídicos.
"Se propone reformar la legislación penal para proteger a los ciudadanos, elevando a la categoría de delito aquellas conductas que no son previstas como delito y que son cada vez más frecuentes", afirmó.
La legisladora sostuvo que la reforma busca proporcionar a fiscales, jueces y ciudadanos un marco jurídico que fortalezca la prevención del delito, establezca sanciones proporcionales y contemple medidas de reparación del daño.
Durante la discusión, el diputado Guillermo Valencia reconoció que la Comisión finalmente sacara "de un jalón" las iniciativas pendientes y consideró que la reforma coloca a Michoacán "a la vanguardia en el combate a varios delitos".
Entre las modificaciones aprobadas destacó el agravamiento del robo cometido contra cuentahabientes, cajeros automáticos, bancos y tiendas de conveniencia, propuesta presentada desde febrero de 2025; la tipificación del desplazamiento forzado, impulsada en conjunto con otra iniciativa previamente presentada en el Congreso; así como el endurecimiento de sanciones por quebrantamiento de sellos colocados por la autoridad en inmuebles asegurados.
Aprovechó para reconocer la reciente detención de integrantes de una organización criminal en la región sur de Morelia y sostuvo que el fortalecimiento del Código Penal debe acompañar el trabajo de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Sin embargo, el legislador informó que varias de sus iniciativas no fueron incorporadas al dictamen. Entre ellas mencionó el agravamiento de amenazas de muerte, la creación del homicidio vehicular agravado para conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, la tipificación del fraude específico cometido por empresas financieras y automotrices, el agravamiento del despojo en territorios indígenas y el aumento de las penas por violación.
Pese a ello, anunció que volverá a presentar algunas de esas propuestas durante el actual periodo legislativo.
El único voto en contra del dictamen se emitió al considerar que la reforma dejó fuera herramientas para fortalecer la protección de víctimas de violencia, particularmente la tipificación de la violencia en el noviazgo y la posibilidad de investigar de oficio la violencia familiar.
Durante el debate se sostuvo que "no podemos decir que estamos del lado de las víctimas si al mismo tiempo le cerramos la puerta a herramientas legales para protegerlas", al señalar que miles de mujeres continúan enfrentando agresiones antes del matrimonio sin una protección penal específica.
También se argumentó que mantener la violencia familiar sujeta a querella deja sin protección a víctimas que no denuncian por miedo, amenazas o dependencia económica.
En respuesta, durante la votación nominal la Comisión de Justicia defendió el alcance del dictamen y precisó que la protección de las víctimas no depende nada más de crear más delitos con distintos nombres, sino se trata de fortalecer la aplicación efectiva de los ya existentes, preservando siempre la coherencia en el sistema penal.
Otro de los señalamientos formulados durante la discusión fue el relativo a la reparación del daño. El diputado Baltazar Gaona consideró que, aunque la reforma incrementa penas y multas, debe fortalecerse la restitución efectiva para las víctimas de los delitos.
La presidenta de la Comisión, Anabeth Franco, respondió que el Código Penal ya contempla un régimen general de reparación del daño aplicable a todos los delitos, por lo que esa garantía permanece vigente.
Con la aprobación del dictamen, la 76 Legislatura concretó la mayor actualización al Código Penal realizada durante el actual periodo constitucional, al resolver en un solo paquete legislativo el rezago acumulado de aproximadamente 85 iniciativas, varias de ellas presentadas desde el inicio de la Legislatura y que permanecían pendientes de dictaminación.




