Aprueba Congreso reformas a salud mental sin ampliar presupuesto

MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2026.- Por unanimidad, el Congreso de Michoacán aprobó un paquete de reformas en materia de salud mental que amplía derechos, cobertura y obligaciones institucionales, pero sin contemplar incremento presupuestal ni la creación de nuevas estructuras, al amarrar su implementación a la disponibilidad de recursos existentes.

El dictamen, aprobado este miércoles en sesión legislativa, fue elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, que integra seis iniciativas que reforman la Ley de Salud y la Ley de Salud Mental del estado, bajo una premisa común: “la salud mental y el bienestar emocional constituyen un componente esencial del derecho humano a la salud”.

Desde el diagnóstico, el documento advierte un aumento sostenido en padecimientos como ansiedad y depresión, particularmente a partir de la pandemia por COVID-19, lo que ha incrementado la demanda de atención y evidenciado carencias en el sistema público. Se subraya que la falta de detección oportuna puede generar “afectaciones duraderas en la vida personal, familiar, escolar y laboral de las personas”.

En ese contexto, las reformas priorizan un cambio de enfoque: dejar atrás la atención reactiva y fortalecer la prevención, la detección temprana y la intervención comunitaria, especialmente en zonas rurales y de alta marginación.

Entre los cambios centrales, se establece que la Secretaría de Salud deberá habilitar áreas de atención especializada en salud mental dentro de unidades de primer nivel, con el objetivo de “brindar atención integral a la población… desde un enfoque preventivo”, además de garantizar servicios de psiquiatría en el segundo nivel de atención.

El dictamen también incorpora la salud emocional como parte del derecho a la salud, al reconocer que “no es un lujo ni un asunto meramente individual, sino una condición necesaria para el bienestar colectivo”.

Además, se reconoce como población prioritaria al personal médico interno y residente, al advertir que enfrentan “una carga emocional significativamente mayor”, con presencia de estrés crónico, ansiedad y agotamiento.

En materia perinatal, se obliga a brindar información, prevención y atención especializada en casos de depresión, ansiedad y psicosis postparto, esta última considerada “una emergencia psiquiátrica que requiere atención médica inmediata” y que, en casos graves, puede derivar en suicidio o daño al recién nacido.

Asimismo, se crea un capítulo específico para la atención de depresión y ansiedad en niñas, niños y adolescentes, ante el incremento sostenido de estos trastornos y el riesgo de que, sin atención oportuna, “tiendan a perpetuarse y agravarse en la vida adulta”.

No obstante, el eje financiero del dictamen es claramente restrictivo. La propia Comisión estableció que la implementación deberá realizarse sin generar nuevas cargas al erario, al señalar que cualquier adecuación deberá ser “financieramente responsable”.

De manera expresa, el documento descarta la creación de nuevos centros o estructuras, y en su lugar plantea que los servicios se integren a la infraestructura existente, al indicar que las áreas de salud mental deberán habilitarse “conforme a su capacidad instalada y disponibilidad presupuestaria”.

Este criterio se refuerza en los artículos transitorios, donde se establece que la implementación será “gradual y progresiva”, sujeta a suficiencia operativa, y que las dependencias deberán realizar las adecuaciones “con los recursos humanos, materiales y financieros existentes”.

Incluso, el dictamen aclara que reconocer nuevos grupos prioritarios o ampliar servicios “no implica crear privilegios”, sino atender realidades ya presentes dentro del sistema de salud.

Con ello, el Congreso optó por fortalecer el marco jurídico en salud mental y ampliar obligaciones institucionales, pero bajo un esquema de contención del gasto, en un contexto de presión presupuestal para el estado.