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MORELIA, Mich., 7 de octubre de 2025.- Con 33 votos a favor, cinco en contra, dos diputados ausentes, y luego de un acalorado debate, el Congreso de Michoacán aprobó este martes la emisión de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado al Servicio de las Víctimas del Delito (FGE), avalada por la mayoría de Morena, pero repudiada por PRI y PAN, y parcialmente cuestionada por voces del Verde.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, fue enlistado sorpresivamente en el orden del día de la sesión de este día, lo que generó el reproche de la diputada del PVEM, Xóchitl Ruiz González, quien acusó exclusión de la Comisión de Derechos Humanos, que ella preside.
Tras dos horas de la primera lectura y la dispensa de la segunda, empezó el debate. Se apuntaron Teresita de Jesús Herrera Maldonado, coordinadora del PAN, y el diputado del PRI, Guillermo Valencia, en contra; a favor, la morenista adscrita a la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro, Juan Carlos Barragán, Belinda Iturbide, también guindas, y, de MC, Toño Carreño -aunque estratégicamente, para poder presentar una reserva-. Empezó el debate.
Valencia habló primero. Más que cuestionamientos de fondo recriminó la rapidez inaudita con que se circuló el dictamen, por lo que se dieron escasas horas para la revisión y aprobación "al vapor", de un tema tan trascendental. "En política la forma es fondo", citó a Reyes Heroles.
Secundó Teresita de Jesús, quien desde la tribuna demandó que la iniciativa se regrese a comisiones, pues advirtió que se dejaron fuera aspectos sustantivos, como la paridad en la designación de cargos, y una reflexión mediante un diálogo serio que incluya a todas las fuerzas políticas.
Aunque desde su curul, se sumó la panista Vanessa Caratachea, quien alertó que más que deficiencias de forma el dictamen contiene errores jurídicos, técnicos y constitucionales.
"Esta propuesta tiene vicios de constitucionalidad en el procedimiento legislativo, abuso de la solicitud de dispensa de segunda lectura, invasión de competencias del Poder Judicial, vulneración a derechos humanos como privacidad de debido proceso, reconocimiento irregular de cuerpos comunales con facultades de detención de personas", cuestionó.
Enseguida habló el petista Baltazar Gaona, quien, sin referencias directas al documento, esgrimió elementos más bien políticos: que el PRIAN, neoliberales, dejaron un desastre en inseguridad, que no tienen nada qué opinar frente a la mayoría de la 4T, que obtuvo su legitimidad mediante el voto mayoritario de la gente.
Caratachea, Valencia y Teresita le reviraron también desde el renglón político: La Barredora de Adán Augusto, el huachicol fiscal, el desconocimiento de la ley, pues según éstos la nueva ley contradice varias leyes estatales y federales. Vino luego el emecista Toño Carreño, quien hizo una enfática crítica hacia el procedimiento acelerado y pidió actuar con seriedad ante un tema tan delicado.
Fueron casi 40 minutos de debate. Toño Carreño se reservó el artículo 17 del dictamen, para impedir la intención de que la FGE investigue a los ciudadanos sin una orden judicial.
Al cierre de edición de esta nota informativa continuaba la discusión de reservas, que hicieron los diputados, Xóchitl Ruiz, Grecia Aguilar y Fabiola Alanís.
En contra, votaron los panistas Teresita Herrera, Vanessa Caratachea, Alfonso Janitzio Chávez, y los priístas Memo Valencia y Adriana Campos.
Estuvieron ausentes el panista Antonio Salas y la morenista adscrita a la Representación Parlamentaria, Belinda Hurtado.




