Aporta PJM a la actualización de barras de abogados

MORELIA, Mich., 29 de abril de 2019.- Como parte de un esfuerzo del Poder Judicial de Michoacán para extender la capacitación y aportar a la profesionalización de integrantes de barras de abogados y asociaciones civiles, así como a servidores públicos de instituciones, en 2018 más de 560 personas participaron en diversos cursos en beneficio también de la ciudadanía a la que prestan sus servicios.

De acuerdo con un comunicado, el Instituto de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial que se encarga de la actualización en temas como oralidad familiar, mercantil y penal, de los más de 2,000 servidores públicos que conforman la institución, así como de atender todo lo relacionado a capacitación para ingresar a las categorías de la carrera judicial para garantizar la calidad y excelencia que debe imperar en la impartición de justicia.

En este sentido, y producto de la firma del convenio de colaboración con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dio inicio el Curso de actualización en materia del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, para integrantes de agrupaciones de abogados indígenas, que se realizará en las sedes de Morelia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan y Zamora.

Las diversas materias del derecho requieren de una constante actualización de los operadores jurídicos, especialmente en las técnicas de oralidad, pues así se garantiza una labor profesional competente y la debida defensa de los intereses jurídicos. En total, 200 personas recibirán la capacitación durante los días viernes y sábados, iniciando este mes de abril y concluyendo en septiembre.

Jueces de oralidad penal del Poder Judicial de Michoacán imparten los cursos teórico-prácticos en los que se abordan temas como antecedentes del sistema acusatorio, las formalidades esenciales del procedimiento, principios de este sistema, derechos de la víctima y el imputado, fases del juicio oral, técnicas de entrevista e interrogatorio, teoría del caso, competencias del órgano jurisdiccional, desahogo de los elementos de convicción, entre otros.