Apenas 4 de cada 10 adultos mayores en Michoacán usan internet

MORELIA, Mich., 22 de junio de 2026.- En un contexto donde los trámites gubernamentales, las operaciones bancarias, las citas médicas y buena parte de la comunicación cotidiana se realizan cada vez más a través de plataformas digitales, apenas cuatro de cada 10 personas adultas mayores utilizan internet.

Ante esta situación, que constituye una brecha tecnológica que ya es considerada una forma de desigualdad social, la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso de Michoacán analiza una reforma para revertir este fenómeno.

La propuesta en estudio plantea incorporar a la Ley de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores el derecho de este sector a acceder a acciones de inclusión digital y capacitación en el uso seguro de tecnologías de la información y la comunicación.

El diagnóstico, emanado de Morena, advierte que la transformación digital ha modificado profundamente la forma en que las personas acceden a información, realizan trámites, reciben servicios públicos, administran recursos económicos e interactúan cno instituciones públicas y privadas. Sin embargo, los beneficios de esa transición no han llegado de manera uniforme a toda la población.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, citados en el documento, en México más de 100 millones de personas ytilizan internet, lo que representa el 83.1 por ciento de la población de seis años y más. No obstante, entre las personas de 65 años y más el uso de esta herramienta alcanza únicamente el 42.1 por ciento.

La iniciativa señala que este rezago no deriva de una falta de interés o capacidad de las personas adultas mayores, sino de circunstancias históricas, educativas y sociales que las mantuvieron alejadas de las tecnologías durante gran parte de su vida laboral y académica. También refiere que muchas carecen de redes familiares o comunitarias que les permitan adquirir conocimientos para desenvolverse con seguridad en entornos digitales.

El documento agrega que la exclusión tecnológica tiene efectos prácticos en la vida cotidiana, pues limita el acceso a información, servicios y oportunidades, además de incrementar la dependencia de terceros para realizar operaciones bancarias, acceder a programas gubernamentales o mantener comunicación con familiares.

A ello se suma un factor de riesgo creciente: la vulnerabilidad frente a fraudes electrónicos, robo de identidsd, suplantación de personas, mensajes engañosos y otras modalidades delictivas que aprovechan el desconocimiento sobre el uso de tecnologías digitales. Por ello, la propuesta sostiene que la inclusión digital debe asumirse también como una herramienta de protección y ejercicio efectivo de derechos.

Entre las modificaciones planteadas se encuentra la incorporación de un nuevo derecho para que las personas adultas mayores accedan a programas de inclusión digital orientados al desarrollo de habilidades tecnológicas, así como la obligación de que los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores impartan talleres y conferencias sobre inclusión digital, uso seguro de tecnologías y prevención de fraudes electrónicos.

La propuesta argumenta además que el país atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, por lo que considera indispensable generar condiciones que permitan a las personas adultas mayores participar plenamente en una sociedad cada vez más digitalizada y evitar que la edad se convierta en una barrera adicional para el acceso a servicios y derechos.