Analizan garantizar información gubernamental en lenguaje comprensible

MORELIA, Mich., 22 de junio de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán analiza reconocer como un derecho de las personas con discapacidad el acceso a información gubernamental redactada en lenguaje comprensible.

La iniciativa emana de la bancada de Morena, y advierte que la complejidad de los trámites y documentos oficiales se ha convertido en una barrera que limita el ejercicio efectivo de derechos, por lo que se exige que todo asunto sea expuesto de manera que a los ciudadanos les permita tomar decisiones informadas.

En ese sentido, se plantea reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado para establecer que las autoridades deberán proporcionar información, formatos, trámites y documentos en lenguaje claro y de fácil lectura cuando ello resulte necesario para garantizar la accesibilidad y comprensión de las personas con discapacidad.

El planteamiento parte de una crítica al modelo tradicional de atención institucional, al señalar que muchas de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad no derivan únicamente de una condición física, intelectual, mental o sensorial, sino de obstáculos generados por la propia sociedad y las instituciones al no garantizar entornos y mecanismos de comunicación accesibles.

De acuerdo con el documento en análisis, la accesibilidad ya no debe limitarse a la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que debe extenderse a la información pública y a la forma en que el Estado se comunica con la ciudadanía.

La propuesta advierte que documentos administrativos, requisitos de programas públicos, resoluciones, avisos y procedimientos gubernamentales suelen elaborarse con lenguaje técnico o burocrático que dificulta su comprensión, particularmente para personas con discapacidad intelectual, psicosocial, trastornos del neurodesarrollo o dificultades de comprensión lectora.

Bajo ese diagnóstico, se sostiene que la falta de información accesible puede traducirse en obstáculos para acceder a servicios públicos, ejercer derechos, realizar trámites con la información suificiente, generando condiciones de exclusión que suelen pasar inadvertidas en las políticas públicas.

El proyecto refiere que, según datos del INEGI correspondientes a 2020, en México existían más de 6.1 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 4.9 por ciento de la población nacional, además de un sector importante de habitantes con limitaciones o condiciones que pueden dificultar la comprensión de información institucional.

La reforma busca incorporar entre los derechos de las personas con discapacidad la posibilidad de recibir documentos y trámites en formatos comprensibles y de fácil lectura, con el propósito de fortalecer su autonomía y garantizar una participación más efectiva en la vida pública.

Actualmente, el proyecto permanece en estudio dentro de la Comisión de Derechos Humanos, donde deberá ser dictaminado antes de su eventual discusión y votación en el Pleno del Congreso local.