Analizan bajar de 60 a 53 años jubilación de burócratas en Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de abril de 2026.- El Congreso de Michoacán mantiene en análisis en la Comisión de Trabajo y Previsión Social una reforma que plantea reducir de 60 a 53 años la edad mínima de jubilación para mujeres trabajadoras al servicio del Estado, bajo un esquema diferenciado respecto de los hombres.

La propuesta busca modificar el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, al establecer que tendrán derecho a la jubilación quienes acrediten 30 años de servicio y de aportaciones al fondo, “contando con 60 años de edad o más en el caso de los varones y 53 tratándose de las mujeres y dejen de trabajar”.

En la propuesta, impulsada por la diputada del PRI Adriana Campos Huirache, se recuerda que actualmente la legislación fija en 60 años la edad mínima general para acceder al retiro, sin distinción por sexo, por lo que el planteamiento introduce un cambio de fondo en el diseño del sistema estatal de pensiones.

El documento que sustenta la reforma parte de que el derecho a la pensión es una dimensión de la seguridad social y una obligación del Estado para garantizar condiciones de vida digna a quienes, por edad o circunstancias, dejan de percibir ingresos laborales.

En ese sentido, plantea la necesidad de armonizar la legislación estatal con disposiciones federales recientes orientadas a reconocer una pensión jubilatoria justa y digna, así como a reducir gradualmente la edad de retiro en el servicio público.

La iniciativa incorpora además un enfoque de género, al señalar que las mujeres enfrentan condiciones desiguales en su trayectoria laboral, derivadad de la doble carga entre empleo y trabajo doméstico no remunerado, lo que justificaría un trato diferenciado en el acceso a la jubilación.

Sin embargo, el propio diagnóstico advierte tensiones estructurales en el sistema pensionario, como la baja cobertura, la informalidad laboral y la presión demográfica, factores que podrían traducirse en mayores cargas fiscales en los próximos años si no se realizan ajustes de fondo.

La reforma mantiene sin cambios el esquema de cálculo del pago jubilatorio, que se determina con base en el promedio del salario de cotización de los últimos tres años, con un tope de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, y cuyo pago iniciaría a partir del día siguiente a la baja del trabajador.

En términos operativos, prevé que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado emita, em un plazo de 180 días posteriores a su eventual entrada en vigor, las reglas generales para su implementación, a fin de evitar desajustes administrativos.

El análisis se concentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Reyes Galindo Pedraza, del PT, e integrada por Fabiola Alanís Sámano, de Morena, y Alfredo Anaya, del Partido Verde, donde se definirá su viabilidad técnica, financiera y política.

En clave política, la propuesta coloca a Morena y sus aliados frente a una definición: respaldar una reforma promovida por el PRI bajo un discurso de justicia social y equidad de género, o frenar un ajuste que, aunque alineado con criterios federales, implicaría presiones adicionales para el sistema estatal de pensiones.

Por ahora, la iniciativa permanece en fase de estudio, en un terreno donde se cruzan la narrativa de derechos laborales con los límites presupuestales del Estado.