Michoacán: reclaman partidos a IEM y SFA retraso en pago de prerrogativas
MORELIA, Mich., 16 de enero de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) mantiene en estudio la solicitud de consulta previa, libre e informada promovida por habitantes de la comunidad de El Calvario, Quiroga, debido a la falta de definición territorial.
Lo anterior tiene como consecuencia la imposibilidad de establecer con certeza el número total de personas que integran dicha comunidad, condiciones indispensables para iniciar un procedimiento formal de este tipo.
En entrevista con Quadratín, la consejera presidenta de la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas del IEM, Silvia Mauricio Salazar, explicó que la petición fue presentada únicamente por una parte de los habitantes, lo que obliga al órgano electoral a revisar con especial cautela el caso.
“Nosotros tuvimos una reunión con habitantes de El Calvario, pero es importante precisar que se trata solo de una parte de la comunidad”, señaló, al advertir que no existe claridad plena sobre quiénes conforman el núcleo comunitario con derecho a participar en una eventual consulta.
Detalló que El Calvario presenta una condición sui generis que complica el análisis institucional. “Hay alguna dificultad para saber exactamente cuál es su delimitación territorial, así como el número total de personas que corresponden a la comunidad”, explicó, lo que impide al Instituto avanzar hacia la emisión de una convocatoria o la organización de una consulta en términos legales.
Mauricio Salazar indicó que, aunque la solicitud fue recibida y se atendió el primer acercamiento con los promoventes, el trámite permanece únicamente en fase de estudio.
“En este momento nosotros la tenemos solo en análisis”, subrayó, al recalcar que el IEM no puede validar ni organizar un proceso que carezca de certeza territorial y poblacional, ya que ello podría derivar en conflictos posteriores o en la impugnación de los resultados.
La consejera recordó que las consultas para el ejercicio del autogobierno y la administración directa de recursos públicos deben cumplir requisitos estrictos establecidos en la normativa electoral y en los estándares de consulta previa, libre e informada. “Para garantizar la validez jurídica del procedimiento, se requiere certeza sobre el territorio, la comunidad y quiénes tienen derecho a participar”, afirmó.
Finalmente, señaló que el Instituto continuará con el análisis del caso hasta que existan condiciones claras que permitan, en su caso, avanzar conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos colectivos de la comunidad.




