Analiza Congreso quitar patria potestad a feminicidas en Michoacán

MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza una reforma para retirar la patria potestad a hombres sentenciados por feminicidio contra la madre de sus hijas e hijos, así como suspenderla desde el momento en que exista vinculación a proceso por ese delito, incluso en grado de tentativa.

La propuesta se encuentra actualmente en revisión dentro de la Comisión de Justicia del Congreso local y busca modificar los artículos 422 y 425 del Código Familiar del Estado, bajo el argumento de que niñas, niños y adolescentes no deben permanecer bajo tutela o convivencia de quienes son señalados o condenados por asesinar a sus madres.

La iniciativa fue presentada por la coordinadora parlamentaria del PVEM, Sandra María Arreola Ruiz, y retoma criterios similares a los de la llamada Ley Monzón, impulsada originalmente en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, caso que detonó reformas en distintos estados del país.

El proyecto plantea adicionar una nueva causal de pérdida de patria potestad cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada por feminicidio de la madre de una niña, niño o adolescente. Además, propone que el derecho quede suspendido desde el auto de vinculación a proceso dictado por ese delito.

La reforma alcanzaría también casos de tentativa de feminicidio, al considerar que el riesgo para las víctimas indirectas y para las infancias subsiste aun cuando el crimen no se haya consumado.

En la exposición de motivos se advierte que muchas niñas, niños y adolescentes terminan obligados a convivir con el presunto agresor o incluso con las familias del feminicida mientras avanzan los procesos judiciales, situación que, según el documento, profundiza las afectaciones emocionales, psicológicas y sociales derivadas de la violencia extrema.

La propuesta sostiene que la patria potestad no puede entenderse como un derecho absoluto de los progenitores, sino como una figura jurídica cuyo objetivo central es garantizar la protección y bienestar de menores de edad.

“El interés de las niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre el de los padres”, expone el documento legislativo, que cita además criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación relacionados con el interés superior de la niñez.

La iniciativa también retoma estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección infantil, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan a las autoridades a adoptar medidas reforzadas de protección cuando exista riesgo para menores de edad.

El planteamiento aclara que la suspensión o pérdida de la patria potestad no tendría carácter de sanción penal adicional, sino que funcionaría como una medida de protección familiar para salvaguardar estabilidad emocional, seguridad y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes expuestos a contextos de violencia feminicida.

Dentro de la argumentación legislativa se recuerda el caso de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en Puebla en mayo de 2022. Tras más de tres años de proceso judicial, en 2025 fue condenado a 60 años de prisión Javier López Zavala, excandidato a gobernador de esa entidad, señalado como autor intelectual del crimen.

El documento sostiene que ese caso evidenció vacíos legales sobre la situación de hijas e hijos de víctimas de feminicidio, particularmente cuando el presunto agresor conserva derechos parentales pese a estar sujeto a investigación o sentencia.

Actualmente, entidades como Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas ya cuentan con reformas similares o procesos de armonización legislativa en esta materia.

La iniciativa señala además que en Michoacán los feminicidios continúan representando una problemática persistente, particularmente en casos donde los agresores son parejas o exparejas de las víctimas y padres de sus hijas e hijos.

De avanzar el dictamen en comisiones y posteriormente en el Pleno, Michoacán se sumaría a los estados que han comenzado a endurecer restricciones familiares contra responsables de voiolencia feminicida, en una discusión que ha escalado del activismo social a los congresos y tribunales del país.