Analiza Congreso de Michoacán tope de 25% al gasto en personal municipal

MORELIA, Mich., 29 de julio de 2026.- La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado analiza una reforma a la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental de Michoacán que busca establecer un límite para que los ayuntamientos no destinen más del 25 por ciento de su gasto total al pago de servicios personales, con el propósito de contener el crecimiento de las nóminas municipales y fortalecer la disciplina financiera.

La propuesta plantea modificar el artículo 29 de dicha legislación para que los presupuestos destinados al pago de personal se sustenten en las plazas autorizadas y en las plantillas y tabuladores aprobados por los órganos competentes.

Además, se consideran disposiciones previstas en el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que el gasto en nómina no rebase el 25 por ciento del presupuesto total de los 112 ayuntamientos y del Concejo Mayor de Cherán.

Entre los argumentos que sustentan la reforma se expone que los municipios enfrentan un problema recurrente derivado de los laudos laborales, ya que ningún presupuesto responsable contempla un apartado específico para cubrir estas obligaciones, pese a que se convierten en pagos inmediatos cuando existen despidos, en muchos casos injustificados, que generan responsabilidades jurídicas y administrativas para los gobiernos municipales.

El documento advierte que esta situación ha provocado un deterioro progresivo de las finanzas municipales, al grado de que los laudos representan una carga que limita la capacidad de los ayuntamientos para atender otras obligaciones. 

Por ello, sostiene que el problema no debe seguir creciendo y plantea que los municipios dejen de incrementar sus plantillas laborales, privilegiando una reducción ordenada del personal mediante acuerdos con las representaciones sindicales, donde existan, a fin de evitar vulnerar derechos laborales adquiridos.

Como parte de la justificación, la iniciativa incorpora cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales muestran que el promedio nacional del gasto municipal destinado a servicios personales pasó de 31.2 por ciento en 2011 a 35.1 por ciento en 2019 y a 36.4 por ciento en 2020. 

En Michoacán, el comportamiento fue aún mayor, al aumentar de 37.98 por ciento en 2019 a 40.5 por ciento en 2020, lo que atribuye principalmente al crecimiento descontrolado de las nóminas, independientemente del partido político que gobierne cada municipio.

Asimismo, señala que el problema suele agravarse durante los cambios de administración municipal, cuando los nuevos gobiernos realizan despidos masivos para incorporar nuevo personal sin cubrir las liquidaciones correspondientes, lo que posteriormente deriva en demandas laborales y laudos millonarios que comprometen las finanzas públicas locales.

La exposición de motivos también retoma el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que los ejecutores del gasto deben abstenerse de contraer obligaciones que comprometan recursos de ejercicios fiscales subsecuentes y restringe la contratación de trabajadores eventuales cuando no existan recursos previamente autorizados para cubrir salarios, impuestos, aportaciones de seguridad social y demás prestaciones legales.

De aprobarse el dictamen, los municipios tendrían que ajustar la integración de sus presupuestos y la administración de sus plantillas laborales para cumplir con el nuevo límite de gasto en servicios personales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales y reducir el riesgo de nuevas obligaciones derivadas de conflictos laborales.