Analiza Congreso de Michoacán tipificar peculado por simple uso indebido

MORELIA, Mich., 10 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza una reforma al Código Penal estatal para establecer que el delito de peculado pueda configurarse por el simple desvío o uso indebido de recursos públicos, aun cuando no exista apropiación definitiva del dinero o bienes por parte de servidores públicos.

La propuesta, actualmente en revisión dentro de la Comisión de Justicia, plantea adicionar un último párrafo al artículo 253 del Código Penal del estado para endurecer y precisar la definición jurídica del peculado, bajo el atgumento de cerrar vacíos interpretativos que podrían dificultar la persecución de actos de corrupción.

Desde la bancada de Morena se sostiene que la legislación michoacana mantiene ambigüedades en conceptos clave como “beneficio” y “distracción de recursos”, lo que en la práctica puede derivar en criterios judiciales distintos o en estrategias de defensa orientadas a evitar sanciones penales.

El proyecto legislativo retoma criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el artículo 223 del Código Penal Federal, donde el máximo tribunal validó expresiones como “beneficio” o “distraiga”, al considerar que cumplen con el principio de taxatividad penal.

De aprobarse la modificación, el Código Penal de Michoacán establecería expresamente que por “beneficio” deberá entenderse cualquier utilidad, ganancia o provecho económico para la persona servidora pública o terceros, mientras que “distraer” implicará destinar, desviar o aplicar recursos públicos a fines distintos de aquellos para los que estaban legalmente previstos.

Uno de los puntos centrales del análisis legislativo es que el delito de peculado ya no dependería de demostrar apropiación definitiva de recursos públicos, sino únicamente acreditar su desvío o utilización indebida.

La iniciativa reconoce que el artículo 253 del Código Penal estatal actualmente conserva una redacción similar a la legislación federal, pero sin incorporar de forma textual criterios interpretativos desarrollados por la Suprema Corte, situación que, según el documento, genera incertidumbre jurídica y posibles espacios de impunidad.

En el planteamiento también se advierte que actualmente algunas defensas legales buscan sostener que no existió beneficio económico directo o apropiación formal de recursos, aun cuando éstos hayan sido utilizados fuera de la finalidad pública para la que fueron autorizados.

Desde Morena se argumenta que la reforma no busca ampliar de manera desproporcionada el alcance del delito, sino armonizar la legislación michoacana con criterios constitucionales y fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal en casos relacionados con corrupción y manejo irregular de recursos públicos.

La propuesta continúa en análisis dentro de la Comisión de Justicia antes de su eventual dictaminación y votación ante el Pleno del Congreso local.