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MORELIA, Mich., 2 de agosto de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza un proyecto de acuerdo que busca fortalecer la actuación de las autoridades encargadas de investigar desapariciones y hechos de violencia de alto impacto, mediante la incorporación de criterios obligatorios de perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención integral a las víctimas.
El planteamiento, turnado para su estudio a la Comisión de Derechos Humanos, propone que las investigaciones no se limiten al esclarecimiento de los hechos, sino que garanticen también el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral del daño y medidas que eviten la repetición de violaciones a los derechos humanos.
Entre los aspectos centrales del proyecto se encuentra el exhorto para que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, debida diligencia y exhaustividad, agotando todas las líneas de investigación que resulten procedentes.
Asimismo, plantea que en los casos que involucren a niñas, niños o adolescentes, las autoridades actúen bajo el principio del interés superior de la niñez, evitando cualquier forma de revictimización y garantizando que entrevistas, dictámenes y valoraciones sean realizados por personal especializado.
El documento también establece que las investigaciones relacionadas con mujeres, niñas y adolescentes deberán incorporar perspectiva de género, con el fin de identificar posibles condiciones de vulnerabilidad, relaciones de poder o contextos de violencia que puedan incidir en los hechos, evitando estereotipos que afecten el acceso a la justicia.
De igual forma, el proyecto propone que ministerios públicos, policías y peritos desarrollen sus actuaciones con perspectiva de derechos humanos, privilegiando la protección de la dignidad de las víctimas, su participación informada durante los procedimientos y el acceso a la verdad y a una reparación integral.
La propuesta también busca fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobierno y las demás instancias competentes, con el propósito de ofrecer atención jurídica, médica, psicológica y medidas de protección a víctimas directas e indirectas.
Otro de los planteamientos contempla evaluar y reforzar de manera permanente los protocolos de búsqueda inmediata, investigación criminal, atención integral a víctimas, actuación pericial y mecanismos internos de supervisión, además de impulsar procesos continuos de capacitación para el personal en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez y atención diferenciada.
Finalmente, el proyecto propone exhortar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a fortalecer las políticas públicas de prevención de las violencias y de la delincuencia, particularmente aquellas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones de coordinación institucional, detección temprana de factores de riesgo, campañas preventivas y programas de apoyo psicosocial.




