Amarran ley antideuda: se votará este jueves; municipios, exentos 

MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2026.- Con el dictamen de reforma constitucional ya definido, el Congreso de Michoacán inició este miércoles la primera lectura de la llamada ley antideuda, una medida impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para impedir que el Ejecutivo estatal contrate financiamientos que comprometan recursos más allá del sexenio.

En entrevista con Quadratín, el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Partido Verde, sostuvo que el documento está cerrado, sin discrepancia política en comisiones y sin margen para cambios entre la primera y la segunda lectura, al tratarse de un trámite legislativo para cumplir con la Ley Orgánica.

“El dictamen de no más deuda en Michoacán ya quedó hecho”, afirmó, y anticipó que el Congreso busca no sólo evitar nueva deuda estatal, sino “bloquear la deuda transexenal”.

Aunque tras la primera lectura el dictamen regresa formalmente a comisiones, no se prevé una reunión adicional, pues el acuerdo está hecho y se perfila que el Pleno lo vote este jueves en el Salón de Sesiones, por lo que el desenlace se concentrará en el tablero: si el respaldo será unánime o si se observan abstenciones, inasistencias o desmarques de última hora.

El legislador explicó que la reforma se ha leído en clave política como un “amarre de manos” al gobernador en turno. Él mismo lo sintetizó como un candado para impedir que el Ejecutivo comprometa al siguiente gobierno: “Más que amarrar manos, es dejar claro que no pueden contratar fuera de su sexenio”, dijo.

En su diagnóstico, Anaya recordó que la deuda estatal llegó en algún momento a casi 44 mil millones de pesos y cuestionó la falta de resultados proporcionales en infraestructura estratégica. 

“Yo no veo carreteras estatales de cuatro carriles, ni veo teleféricos en las ciudades más grandes del estado”, señaló, y contrastó que en el sexenio actual sí se observa obra sin necesidad de heredar pasivos a largo plazo.

La reforma, sin embargo, no clausura todas las herramientas financieras del gobierno estatal. Anaya precisó que se mantienen las obras multianuales, la posibilidad de endeudamiento a corto plazo dentro de topes, y los esquemas de obras públicas privadas, también bajo límites.

Exentan a municipios; trámite y reglas siguen intactos

Uno de los puntos que más dudas ha provocado es si el candado antideuda alcanzará a los ayuntamientos. Anaya fue categórico: los municipios quedan exentos y no enfrentan ninguna modificación en su régimen de endeudamiento.

“Los municipios se van a dejar en base a las reglas y en base a la ley”, expresó. Y ante la insistencia, remató: “No va a haber ninguna modificación”.

Explicó que los municipios deberán mantener el mismo procedimiento: primero autorización de cabildo, luego solicitud que llega a Mesa Directiva, turno a comisiones y análisis legislativo, sin posibilidad de “brincarse” al Congreso.

 Además, recordó que, por tratarse de una federación, la autonomía municipal convive con reglas que obligan a revisar con la Secretaría de Hacienda federal el tope de endeudamiento permitido.

Como ejemplo, citó el caso de Morelia: el Congreso autorizó una deuda, pero el municipio debe acudir a Hacienda a determinar su capacidad real, que puede ser menor a lo aprobado por el Legislativo, nunca mayor. 

Agregó que esa deuda todavía no está contratada, pues está sobre la mesa la posibilidad de recursos federales que primero deben autorizarse; sólo después, el municipio contrataría deuda para complementar.

En el plano político, el diputado atribuyó a falta de información parte de la crítica pública. Tras referirse a señalamientos del dirigente estatal del PAN, quien dijo que se trata de una presión a municipios, Anaya respondió:

 “Yo creo que no se ha informado bien”, y reiteró que para los ayuntamientos “seguirán exactamente con las mismas reglas y la ley no tiene ninguna modificación”.

Deuda municipal, sin bancarrota

Sobre el estado de las finanzas municipales, el legislador señaló que “todos los municipios tienen áreas de oportunidad” y puso el acento en una deuda estructural: la baja recaudación de impuestos locales.

Sostuvo que mejorar ingresos propios también impacta en la fórmula de recursos federales en los siguientes ejercicios, pero reconoció el freno político.

“A los municipios no les gusta cobrar los impuestos locales” por el costo que implica, aunque advirtió que sin esa responsabilidad “nunca vamos a salir del hoyo”.

Aun así, descartó una crisis generalizada: aseguró que no hay municipios en quiebra ni en números rojos, aunque admitió que hay organismos operadores de agua con números negativos que requieren inversiones.

Con el dictamen encaminado a votación este jueves, la ley antideuda avanza como una reforma de blindaje sexenal para el Ejecutivo estatal, con exención expresa para municipios y un cierre técnico que deja la última señal política en el Pleno: quién la acompaña y quién decide no hacerlo.