Alista Congreso consulta a pcd e indígenas por reforma a Ley de Educación

MORELIA, Mich., 5 de octubre de 2026.- El Congreso de Michoacán alista el protocolo para realizar la consulta a personas indígenas y con discapacidad, como parte del proceso para reformar la Ley de Educación del Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Legislativo realizar este ejercicio.

La Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los trabajos reportó que el documento se encuentra en la etapa final de elaboración y que toma como base una propuesta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

Una vez concluido, el protocolo deberá presentarse ante el Pleno y posteriormente enviarse al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que será el encargado de realizar la consulta.

Para avanzar en el proceso, el Congreso ha sostenido reuniones con el IEM, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Educación, además de revisar las disposiciones de la Ley de Educación relacionadas con educación indígena, inclusiva y especial.

Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

El proceso deriva de la sentencia de la SCJN en las acciones de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, mediante la cual fueron invalidados los artículos 23, 84, 85, 86, 87 y 94 al 102 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

La Corte determinó que esas disposiciones incidían directamente en los derechos e intereses de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y de personas con discapacidad, por lo que antes de legislar nuevamente sobre esas materias debía realizarse una consulta previa.

El Congreso aprobó el 17 de junio de 2026 el protocolo general para el proceso legislativo de consulta y, el 8 de julio, presentó iniciativas para reformar los artículos 84 al 87, relacionados con educación indígena, así como las disposiciones correspondientes a educación inclusiva y especial.

Las iniciativas ya fueron turnadas a las comisiones dictaminadoras, que deberán considerar los resultados de las consultas antes de elaborar los dictámenes que serán llevados al Pleno.

La Comisión Especial informó además que ha atendido los siete requerimientos formulados por la SCJN y que se encuentra en la recta final de la etapa de preconsulta.

En el caso de las personas con discapacidad, todavía falta concluir y presentar el protocolo específico, además de concretar los convenios y acuerdos necesarios para solicitar formalmente al IEM que realice la consulta.

El tema retoma nuevamente relevancia luego de que el 24 de septiembre la SCJN requiriera al Congreso acreditar las acciones realizadas para cumplir con la sentencia. La Corte señaló entonces que el Legislativo había reconocido que no contaba con un procedimiento específico ni con un protocolo institucional para este tipo de consultas.

La SCJN advirtió que esa falta no justificaba retrasar el cumplimiento de la sentencia y señaló que, hasta ese momento, los trabajos reportados se habían concentrado en definir una ruta para realizar la consulta, sin acreditar acciones sustantivas.

Por ello, requirió a Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva, y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Justicia, informar las acciones realizadas y presentar el protocolo correspondiente.

En caso de incumplimiento, la Corte advirtió que podrían imponerse multas de hasta 120 veces el valor de la UMA, con cargo al patrimonio personal de los legisladores requeridos.