Desechan amparo de Nodal contra ley Cazzu en Michoacán
MORELIA, Mich., 25 de noviembre de 2025.- El Congreso del Estado discutirá este miércoles un exhorto impulsado por la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís Sámano, para visibilizar los rezagos sociales y las condiciones de pobreza que enfrentan miles de jornaleras y jornaleros vinculados a la producción de aguacate en Michoacán, pese a tratarse del sector agrícola más rentable del estado.
El documento que será presentado ante el Pleno recuerda que Michoacán concentra más de 180 mil hectáreas de aguacate distribuidas en 67 municipios, con una producción anual que supera los 2 millones de toneladas y genera más de 41 mil millones de pesos pagados a productores.
La mitad de este volumen se exporta principalmente a Estados Unidos, donde el valor del fruto se duplica y genera ingresos superiores a los 3 mil 400 millones de dólares. En total, el mercado del aguacate representa cerca de 100 mil millones de pesos al año entre ventas locales y externas.
Pese a esta magnitud económica, el análisis advierte que la riqueza no llega a las más de 300 mil personas que sostienen la cadena productiva, especialmente a las aproximadamente 150 mil jornaleras y jornaleros que viven las mayores condiciones de rezago.
El diagnóstico perfila una fuerza laboral mayoritariamente joven, con alta presencia de población indígena y marcada desigualdad de género: nueve de cada diez son hombres y una de cada diez mujeres, quienes además suelen recibir menor pago.
Los jornales rondan los 400 pesos por día, sujetos a fuerte inestabilidad por los ciclos de corte. Esa variación reduce los ingresos mensuales a alrededor de 3 mil 400 pesos, menos de la mitad del salario mínimo vigente, sin acceso a seguridad social.
Esta precariedad profundiza cuadros de pobreza y pobreza extrema: el estado mantiene 1.7 millones de personas en pobreza y más de 269 mil en pobreza extrema, condición en la que se encontraría buena parte de las familias jornaleras.
El documento también vincula la falta de ingresos con la búsqueda de fuentes económicas alternas, incluyendo riesgos de captación de jóvenes por grupos criminales en municipios productores.
A ello se suma el impacto ambiental de la expansión del cultivo, la disputa del territorio por organizaciones delictivas y los altos índices de violencia en regiones aguacateras, fenómenos que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca revertir bajo el eje de Desarrollo Económico con Bienestar.
El exhorto subraya que menos del 10 por ciento del precio de una tonelada de aguacate se destina al pago de jornales, mientras que los costos de producción absorben cerca del 50 por ciento, dejando márgenes de ganancia superiores al 40 por ciento. Ese espacio financiero, plantea, permitiría impulsar empleos dignos, mejorar salarios y garantizar derechos laborales.
La iniciativa concluye con un llamado a las y los empleadores y actores del sector para avanzar hacia un nuevo pacto social en las zonas agroexportadoras, redistribuir la riqueza generada por el aguacate y convertirla en motor de bienestar, seguridad y desarrollo para las comunidades donde hoy persisten desigualdad, precariedad e inseguridad.