Alerta Coparmex sobre reforma a Ley de Amparo; ve avances en seguridad

MORELIA, Mich., 1 de octubre de 2025.- A un año del arribo a la presidencia de la república de la primera mujer en México, Claudia Sheinbaum Pardo, el país presenta avances en materias como seguridad y combate contra la corrupción, señaló David Luviano Gómez, presidente en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En contraste, se tienen posturas estadistas y de riesgo para el sector productivo nacional, como la propuesta de reforma a la ley de amparo.

En entrevista efectuada este miércoles, en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, David Luviano mencionó que la corrupción ha sido "el gran lastre del país", y en su primer año de gobierno Claudia Sheinbaum ha enviado mensajes referentes a limpiar su propio movimiento de este flagelo, para el bien del país.

Respecto de la seguridad pública, indicó que bajo el mando de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han tenido trabajos importantes y señales de "saber lo que hace".

Más aún, de manera paulatina se ha desenmarcado de la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, precisó que se tienen temas que representan riesgos de afectación a la población en general, y al sector productivo en particular.

Entre estos, destacó la propuesta de reforma a la ley de amparo, instrumento legal que protege en lo inmediato a los promoventes de actos de autoridad que les son adversos, en tanto se resuelve de fondo el conflicto.

Ello, para las empresas, se traduce que ante una controversia no dejan de operar, con lo que se mantienen los empleos, los salarios y la proveeduría. 

El proyecto de reforma prevé digitalizar el procedimiento, endurecer los requisitos, limitar las suspensiones provisionales y acortar plazos de resolución, con el objetivo de hacer más accesible y eficiente el trámite de un amparo.

No obstante, especialistas y activistas en derechos humanos han mencionado que, de aplicarse como se proyecta, la reforma llevaría a que el procedimiento sea menos ágil y más costoso, menos accesible para personas con menores recursos económicos, y con mayores facultades para las autoridades frente a cuyos actos el amparo debe proteger a las personas.