Alerta Alma Bahena riesgos y propone reforma para candidaturas judiciales

MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2025.- La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich), Alma Rosa Bahena Villalobos, alertó que desaparecer o debilitar a los tribunales electorales locales significaría un retroceso para el acceso ciudadano a la justicia y para la progresividad de los derechos político-electorales, al alejar la resolución de conflictos de los territorios donde surgen.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa en el marco de la discusión nacional de una reforma político electoral, subrayó que solamente existen cinco salas regionales para atender entre cuatro y ocho entidades por circunscripción, lo que limitaría el acceso a la justicia en caso de recentralizar el sistema. 

Al señalar que participó en el Encuentro nacional de magistraturas electorales locales realizado en la Cámara de Diputados, recordó que las magistraturas locales conocen de primera mano los contextos políticos de cada estado y, por ello, garantizan cercanía con la ciudadanía.

Sostuvo que los datos respaldan la eficacia del modelo local: seis de cada diez resoluciones no se impugnan ante las salas regionales y permanecen firmes, y de las cuatro que sí se controvierten, entre 93 y 98 por ciento son confirmadas. 

Afirmó que esta eficacia deriva de la actualización y profesionalización constante de los equipos jurisdiccionales.

Añadió que el financiamiento que reciben los tribunales locales es mínimo, equivalente a “menos del punto 001 por ciento”, por lo que su operación no representa una carga presupuestal onerosa.

Bahena Villalobos precisó que participó en el encuentro con el objetivo de evidenciar la carga real de trabajo que sostiene cada tribunal, pues más del 60 por ciento de los asuntos electorales del país se resuelven en instancias locales. 

Advirtió que eliminar estos órganos o sustituirlos por salas regionales significaría alejar la justicia del territorio y de los contextos comunitarios que dan origen a los conflictos.

La Magistrada llevó dos propuestas concretas de reforma. La primera busca armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para eliminar la restricción que impide a quienes hayan sido candidatas o candidatos en los seis años previos aspirar a una magistratura federal. 

Explicó que esta limitación respondía al modelo anterior, cuando las magistraturas no se elegían por voto directo, por lo que hoy debe aclararse que dicha prohibición aplique únicamente para candidaturas postuladas por partidos políticos, y no para candidaturas independientes, conforme al artículo 115, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La segunda propuesta expone las inequidades estructurales que enfrentan quienes compiten por cargos del Poder Judicial de la Federación. 

Enumeró la falta de acceso a financiamiento público o privado; la prohibición de propaganda personalizada en radio y televisión; la limitación de utilizar únicamente papel reciclable; la imposibilidad de contratar difusión en redes sociales, incluso con recursos propios; y los obstáculos para participar en foros o debates cuando no se garantiza la invitación a todas las candidaturas, aum cuando abarcan amplias circunscripciones de hasta ocho estados.

Advirtió que estas restricciones hacen prácticamente invisibles las campañas judiciales frente a las contiendas ordinarias del ámbito ejecutivo y legislativo, donde sí existe financiamiento, propaganda diversa, debates y presencia en radio y televisión. 

Por ello, planteó reconsiderar que las elecciones judiciales no se empaten con procesos federales o locales o, en su defecto, que se establezcan condiciones de competencia equitativas.

Bahena Villalobos calificó como positivo el mensaje final del diputado Ricardo Monreal, quien reconoció la legitimidad de los tribunales electorales locales y se comprometió a integrar las observaciones presentadas en la próxima reforma político-electoral. 

Según dijo, se prevé un nuevo acercamiento con las magistraturas antes de que la iniciativa pase a comisiones dictaminadoras.

Para Bahena Villalobos, el debate es crucial: los tribunales electorales locales resuelven la mayoría de los asuntos del país, garantizan cercanía con la ciudadanía y requieren un marco normativo que consolide, y no debilite, el modelo de elección popular de personas juzgadoras y el acceso efectivo a la justicia electoral.