Advierten periodistas de Michoacán censura en reforma al Código Penal

MORELIA, Mich., 27 de mayo de 2025.- A unas horas de que el Congreso de Michoacán celebre sesión ordinaria, el colectivo de periodistas NiUnoMás Michoacán emitió una alerta ante la inminente aprobación de la reforma al Código Penal que busca sancionar la apología del delito.

A través de redes sociales, la vocera del Colectivo NiUnoMás, Patricia Monreal, publicó el posicionamiento en que se señala que la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla vulnera derechos fundamentales, pone en riesgo el ejercicio periodístico y pretende consumarse mediante un “albazo legislativo”.

El dictamen ya fue distribuido entre los legisladores para cumplir con los plazos legales, y de último minuto la noche de este martes fue incluido en el orden del día para la sesión de este miércoles 28 de mayo.

La preocupación del gremio periodístico y de organizaciones civiles se centra en que esta reforma sería votada sin debate público ni transparencia procesal, replicando el contenido original del Ejecutivo estatal, sin atender las advertencias realizadas por periodistas y colectivos especializados.

El dictamen, aprobado en la Comisión de Justicia sin convocatoria pública, foros de análisis ni participación de otras comisiones relacionadas con la protección de derechos de la niñez o libertad de expresión, contempla sancionar con cárcel y multas actos que promuevan la comisión de delitos, el consumo de drogas ilícitas o que exalten figuras del crimen organizado, incluso a través de objetos gráficos como mantas, calcomanías o imágenes.

Para el Colectivo NiUnoMás Michoacán, la redacción de esta reforma representa un riesgo directo para periodistas, ya que podría utilizarse para criminalizar la cobertura informativa sobre hechos delictivos y actores vinculados al crimen organizado, lo que equivaldría a invisibilizar fenómenos de violencia y limitar el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La alerta también advierte que el Congreso incumplió los compromisos asumidos públicamente por la Junta de Coordinación Política y las coordinaciones parlamentarias del PT y PVEM, así como por la Mesa Directiva, de someter el tema a un ejercicio de parlamento abierto. En contraste, la dictaminación se realizó en un proceso opaco y acelerado, en apenas un mes desde que fue presentada la iniciativa del gobernador, el 12 de mayo.

Organizaciones como Propuesta Cívica y la Asociación Michoacana de Periodistas también han expresado su preocupación por el uso discrecional que esta reforma podría tener contra la labor informativa, especialmente en contextos de alta violencia como el de Michoacán, donde el acceso a la información y la libertad de prensa ya enfrentan múltiples obstáculos.

El colectivo hizo un llamado a la sociedad civil, periodistas y organismos de derechos humanos a rechazar cualquier intento de censura, persecución o violencia legal mediante reformas penales que atenten contra el derecho a la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información pública.

La reforma, de ser aprobada sin modificaciones, implicaría una de las medidas más controvertidas del actual gobierno estatal en materia de seguridad, comunicación y libertades civiles.