Reformas en seguridad combaten extorsión, trata y clonación de autos
MORELIA, Mich., 8 de octubre de 2025.- El diputado del Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, alertó sobre el riesgo que plantea la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, al considerar que las limitaciones a la suspensión podrían poner en riesgo la protección ciudadana frente a los actos de autoridad.
En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa el Legislador, exprocurador de justicia en Michoacán, recordó que la esencia del amparo es “proteger al ciudadano frente a los actos de autoridad”, y advirtió que si se restringe la suspensión, medida cautelar que impide la ejecución de un acto mientras se resuelve el juicio, se afectaría el principio mismo de defensa del gobernado.
Hay actos de imposible reparación si nos esperáramos hasta que el amparo se resolviera; lo que se cuestiona son las trabas que se quieren poner para otorgar la suspensión”, señaló.
Explicó que la figura funciona como una medida temporal que “detiene los actos de autoridad” hasta que el juez determine si se violaron derechos, lo que evita daños irreversibles, por ejemplo, en casos de demolición de vivienda o pérdida de patrimonio.
Magaña de la Mora reconoció que existen opiniones que consideran que la suspensión puede obstaculizar decisiones de interés público, pero sostuvo que corresponde a los jueces federales “determinar si es factible que se cometa un daño o no”, y pidió que en las mesas de análisis se preserve el espíritu original del amparo.
Ojalá no se ponga en riesgo, porque entonces ya cuál sería la razón de tener un amparo; desaparecería su esencia”, puntualizó, tras subrayar que México ha sido reconocido internacionalmente por esta figura jurídica.
El diputado confió en que el debate entre el Congreso y los colegios de abogados permita ajustar la iniciativa “para que el juicio de amparo cumpla su cometido sin obstruir necesidades de orden público”, en el marco de una discusión nacional donde las barras y colegios de juristas han pedido mantener intacta la suspensión como garantía fundamental de los derechos ciudadanos.




