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MORELIA, Mich., 6 de mayo de 2025.- La dirigencia del PAN en Michoacán redobló sus críticas al proceso electoral judicial que se desarrolla en la entidad y en el país, al advertir que éste representa un “pacto criminal” impulsado por Morena para apoderarse del sistema de justicia.
Así lo expuso este martes en rueda de prensa, el presidente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, al referirse a la treintena de candidaturas a nivel nacional que han sido impugnadas por presuntos vínculos con el crimen organizado o por la falta de perfil idóneo.

Quintana responsabilizó directamente a los comités de evaluación por permitir el avance de perfiles cuestionables, y recalcó que los órganos electorales no cuentan con atribuciones legales para retirar candidaturas que no validaron en primer lugar.
En ese sentido, calificó de inadmisible que ahora se pretenda trasladar al Instituto Nacional Electoral (INE) la responsabilidad de invalidar postulaciones, cuando éste no participó en su aprobación inicial.
Aunque reconoció que aún no se ha confirmado la presencia de aspirantes vinculados con el crimen organizado en Michoacán, afirmó que el PAN trabaja en una revisión detallada de los perfiles y que, de hallarse fundamentos, serán exhibidos “en paquete” como una muestra del “peligro” que representan para el sistema de justicia estatal.
Entre otras críticas, el dirigente del PAN también cuestionó los procedimientos de conteo de votos que se aplicarán durante la jornada electoral del próximo 1 de junio.
Señaló que, a diferencia de procesos ordinarios, los sufragios no serán contados en las casillas, sino que serán trasladados a los comités distritales, donde se realizarán los cómputos a lo largo de diez días.
A su juicio, este esquema abre la puerta a que las autoridades electorales sean objeto de presiones políticas, particularmente por parte del oficialismo, al que acusó de buscar apropiarse a toda costa del poder judicial.
Se adelantó que desde el área jurídica del PAN estarán prestos a los tiempos jurídicos oportunos, uno de ellos, cuando las autoridades electorales tengan facultad de validar triunfos, para interponer los recursos correspondientes en el tribunal electoral.
Desde el inicio del proceso, el PAN ha mantenido una postura crítica sobre el diseño institucional de la elección judicial, la integración de los órganos evaluadores y la ausencia de criterios claros para garantizar perfiles idóneos y ajenos a intereses partidistas o delictivos.
El partido ha advertido que esta elección no sólo representa una regresión, sino una amenaza directa al Estado de Derecho, el fin a los contrapesos y la muerte de la República y su sistema democrático.





