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MORELIA, Mich., 20 de julio de 2026.- El exconsejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Juan Adolfo Montiel Hernández, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) incurrió en al menos cuatro irregularidades procesales durante el procedimiento que concluyó con la destitución de cuatro integrantes del Consejo General del organismo local, argumentos que ya fueron planteados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante un juicio de impugnación.
En entrevista con Quadratín, explicó que la demanda fue presentada de manera conjunta por las cuatro consejerías removidas y que, además de controvertir la resolución del Consejo General del INE, también impugna la convocatoria para designar a las nuevas consejerías, al considerar que existieron vicios procesales desde antes de que la remoción les fuera notificada.
Montiel Hernández señaló que una de las principales irregularidades consiste en que el INE aprobó la convocatoria para sustituirlos antes de notificarles formalmente el acuerdo de remoción.
Explicó que la convocatoria fue aprobada en sesión del Consejo General cuando el acuerdo todavía no había sido notificado a los consejeros afectados, situación que incluso fue reconocida durante la propia sesión por la Secretaría Ejecutiva del INE, al informar que el documento aún se encontraba en proceso de engrose.
"Se estaba aprobando ya una convocatoria para nuevas consejerías cuando todavía no había sido notificado el acuerdo", sostuvo.
Como segundo agravio, indicó que el cierre de instrucción del procedimiento les fue notificado un día antes de que ese acuerdo fuera aprobado formalmente por el Consejo General del INE.
Explicó que el cierre de instrucción representa la conclusión de la etapa de investigación, momento a partir del cual ya no pueden incorporarse nuevos elementos al expediente y el asunto queda listo para su resolución.
Sin embargo, afirmó que el proyecto de resolución ya había sido circulado previamente para su discusión, cuando procesalmente el expediente todavía no había concluido.
"Procesalmente está incorrecto que se ponga ya a consideración un proyecto de acuerdo cuando todavía no contaba con el cierre de instrucción", afirmó.
Añadió que ese mismo proyecto ya formaba parte del orden del día desde un día antes, por lo que, a su juicio, el procedimiento avanzó sin haber agotado las etapas que marca la normatividad.
Montiel Hernández indicó que la impugnación también contiene agravios de fondo relacionados con la decisión que motivó la remoción.
Sostuvo que la designación temporal de una persona para desempeñar funciones dentro del Instituto respondió a una interpretación jurídica realizada por el propio Consejo General para evitar la parálisis institucional y garantizar la continuidad de los trabajos del órgano electoral.
Afirmó que esa determinación no provocó afectaciones a procesos electorales, resultados, patrimonio institucional ni generó un daño grave que justificara la sanción más severa prevista por la legislación.
Incluso, aseguró que existen precedentes de la propia Sala Superior en los que se revocaron remociones al no acreditarse una falta de gravedad suficiente.
El exconsejero informó que solicitaron al Tribunal Electoral resolver el asunto con carácter urgente debido a que ya se encuentra en marcha la convocatoria para elegir a quienes ocuparán las vacantes.
Advirtió que, si el procedimiento continúa avanzando, podrían generarse derechos para las personas participantes y eventualmente para quienes resulten designadas, lo que complicaría una eventual restitución.
Por ello, dijo esperar que la sentencia se emita antes de que concluya el proceso de designación previsto por el INE.
Montiel Hernández explicó que la Sala Superior también deberá analizar las impugnaciones promovidas por las representaciones nacionales del PRI y del PAN ante el INE, al tratarse del mismo acto reclamado, por lo que estimó que los expedientes podrían acumularse para resolverse conjuntamente.
Asimismo, informó que diversas organizaciones presentaron escritos bajo la figura de amicus curiae, entre ellas Fuerza Migrante, el Colegio de Abogadas de Michoacán y organizaciones indígenas, con el propósito de aportar argumentos jurídicos al análisis del caso.
Añadió que los cuatro exconsejeros también han solicitado audiencias con magistradas y magistrados de la Sala Superior para exponer de manera verbal los agravios contenidos en la impugnación y pedir que el asunto sea resuelto a la brevedad.
Más allá de la controversia jurídica, Montiel Hernández consideró que la falta de integración completa del Consejo General del IEM ya comenzó a retrasar actividades preparatorias rumbo al proceso electoral de 2027.
Entre ellas mencionó la convocatoria para integrar los órganos desconcentrados municipales y distritales, la definición de las acciones afirmativas que deberán aplicarse en la próxima elección y la elaboración del proyecto presupuestal que deberá enviarse al Ejecutivo y posteriormente al Congreso del Estado.
El exconsejero también manifestó dudas respecto de la decisión del INE de atraer algunos asuntos del IEM, particularmente aquellos relacionados con comunidades indígenas.
Aunque reconoció que esa intervención puede ayudar a desahogar parte del trabajo institucional, cuestionó si la facultad de atracción alcanza materias vinculadas con el autogobierno indígena, al considerar que corresponden originalmente al organismo electoral local.
Añadió que también quedaron pendientes los trabajos para construir las acciones afirmativas que deberán aplicarse antes del inicio formal del proceso electoral, labor que implica diagnósticos, metodologías, consultas y reuniones con partidos políticos.
Asimismo, señaló que continúa pendiente la integración del presupuesto electoral, documento que debe elaborarse con suficiente anticipación para financiar la organización de los comicios de 2027.
Montiel Hernández afirmó que, si bien aún es posible corregir los retrasos, ello dependerá tanto de las decisiones que adopte la presidencia provisional del IEM como de la rapidez con que la Sala Superior resuelva la impugnación.
El exconsejero consideró llamativo que el procedimiento permaneciera varios meses sin movimientos relevantes y que, posteriormente, la resolución de remoción y la convocatoria para sustituir a las consejerías avanzaran prácticamente de manera consecutiva.
"Nosotros acudimos a la Sala pensando en que van a estudiar y analizar nuestros argumentos de manera jurídica. Eso es lo que esperamos. Si los argumentos jurídicos no son tomados en cuenta y vemos otro tipo de razonamientos, entonces podría confirmarse que fue una decisión política", concluyó.




