Acredita CEDH tortura a imputado por 5 ministeriales de Michoacán

MORELIA, Mich., 3 de junio de 2019.- Con el conocimiento de Leonel Martínez González, agente del Ministerio Público Investigador de Apatzingán, cinco elementos de la Policía Ministerial de Michoacán incurrieron en violación a la Integridad y Seguridad Personal de un imputado de secuestro en 2014, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió en enero de 2019 una recomendación a la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el informe Recomendaciones Emitidas en Materia de Derechos Humanos 2019, publicado por la CEDH en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, correspondientes al primer trimestre de este año, se encuentra el expediente de queja número MOR/630/16, donde se relata la tortura de que fue objeto Juan X., ENTRE EL 19 y 22 de julio de 2014.

Además del agente del Ministerio Público Investigador de Apatzingán, los elementos de la Policía Ministerial señalados por la CEDH son: Ricardo Delgado Castellanos, Marco Antonio Villanueva López, Félix Hernández Hernández, Arturo Ramírez Flores y Ernesto Emicente Francisco, a quienes el ombudsman de Michoacán pide investigar y sancionar.

“En relación con las evidencias que obran el presente expediente, se deduce que fue víctima de tratos crueles inhumanos o degradantes por parte de Elementos de la Policía Ministerial de Michoacán, es decir, que intencionalmente se le infligieron penas y sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal. Lo torturaron con la finalidad de que el agraviado confesaran haber cometido diversos delitos”, cita la CEDH en el documento de la recomendación.

De acuerdo con la relatoría de la CEDH, la víctima de tortura, a quien en adelante llamaremos Juan X., debido a que su identidad es reservada en términos de ley, es originario de Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, Michoacán, pero se encontraba radicando en Tijuana, donde se había exiliado con su familia tras ser objeto de persecución por civiles armados autodenominados “autodefensas”, en revancha por no colaborar con ellos.

Según la versión de Juan X., el 19 de julio de 2014 fue sustraído de su domicilio por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, quienes lo golpearon a él y a integrantes de su familia y posteriormente lo trasladaron hacia Michoacán, donde era requerido; el quejoso refiere que a su llegada a la entidad también fue torturado.

La tortura del 19 julio

“En ese momento en que me tenían amarrado y vendado fui sujeto de más golpes y tortura, ya que no me podía ni defender, después me trasladaron al aeropuerto de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde me subieron a un carro blindado diciéndome que me iban a llevar con unas personas que me querían matar; de ahí me llevaron directo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública”, relata Juan X.

El agraviado afirma que es falso que lo hayan puesto de manera inmediata a disposición del agente del Ministerio Público, y refiere que al interior de la Secretaría de Seguridad Pública fue atado nuevamente a una silla donde continuó siendo torturado.

“Fui víctima de tortura, ya que me ponían una bolsa en la cabeza que me impedía respirar, me daban chicharrazos en mi cuerpo, mientras me torturaban me decían que iban a traerme unos papeles para que los firmara que no intentara nada, porque de cualquier manera iba a firmar o me iban matar”, se lee en el expediente.

Certificados de peritos médicos

Aunque las autoridades señaladas niegan cualquier haber cometido actos de tortura, e incluso aluden a una intentona de estrategia jurídica, la CEDH afirma que entre el cúmulo de elementos probatorios que integran el expediente, se encuentran los certificados de Integridad Física suscritos por los peritos médicos de las procuradurías generales de Justicia de Baja California y de Michoacán,  respectivamente, donde se certificaron excoriaciones, edemas y hematomas en brazos, piernas, espalda y cuello.

La CEDH hace notar que el informe médico de Baja California revela que las lesiones descritas eran menores a las que reportó el médico de la Procuraduría General de Michoacán, por lo que a la letra asegura el ombudsman que las heridas fueron producidas en el trascurso de que Juan X., estuvo bajo la custodia de los elementos de la Policía Ministerial de Michoacán. El abogado de oficio, Enrique García, declaró no haber visto nada.

“Se desglosa que las lesiones que presentó el quejoso y que fueron certificadas por personal de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, son diferentes y menores a las presentadas y certificadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, al momento de encontrarse en esta ciudad, por lo que se puede asegurar que las mismas fueron producidas en el trascurso de que el quejoso fue presentado”, cita la CEDH.

Pide CEDH que Estado investigue, sancione y repare

En su recomendación, la CEDH conmina al Estado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, que cometieron los Policías Ministeriales Ricardo Delgado Castellanos, Marco Antonio Villanueva López, Félix Hernández Hernández, Arturo Ramírez Flores y Ernesto Emicente Francisco, elementos de la Policía Ministerial de Michoacán, así como las omisiones en las que pudiera haber incurrido Leonel Martínez González, agente del Ministerio Público Investigador de Apatzingán.