Abre Congreso debate sobre protección a alcaldes en Michoacán

MORELIA, Mich., 7 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán abrió el debate sobre una reforma constitucional que busca obligar al Ejecutivo estatal a activar mecanismos de protección para autoridades municipales en riesgo por amenazas vinculadas a actividades delincuenciales.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este jueves el dictamen de ha lugar para admitir a discusión la iniciativa presentada desde noviembre de 2025 por diputadas y diputados del gurpo parlamentario de Morena, con la que se plantea reformar los artículos 60, 100 y 123 de la Constitución Política de Michoacán.

De acuerdo con el documento legislativo, el objetivo central de la propuesta es establecer como obligación de la persona titular del Poder Ejecutivo garantizar la integridad de las autoridades municipales, bajo el argumento de que la función de los ayuntamientos en Michoacán “puede estar vulnerada por actividades delincuenciales” debido a su cercanía con la ciudadanía.

La iniciativa plantea crear un Sistema de Alerta y Protección para autoridades municipales, con la finalidad de que los esquemas de seguridad no dependan de solicitudes discrecionales de presidentes municipales u otros funcionarios locales, sino que se activen de manera obligatoria cuando la Secretaría de Seguridad Pública detecte un riesgo inminente.

El dictamen señala que la intención es establecer una protección institucional y preventiva para autoridades loclaes, dentro de un contexto donde los municipios enfrentan riesgos derivados de la inseguridad y la operación del crimen organizado.

La reforma también propone elevar a rango constitucional una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, que actualmente ya existe en la legislación de la Fiscalía General del Estado, pero cuya estructura y operación se pretende fortalecer desde la propia Constitución local.

Según el documento, la propuesta busca que dicha fiscalía cuente con presupuesto “suficiente y progresivo” para coordinar, investigar y ejecutar actividades de inteligencia estratégica y especializada, además de que su estructura interna y funciones queden delineadas en la Ley Orgánica de la institución.

El proyecto añade que se pretende garantizar profesionalización y salarios dignos para el personal de inteligencia e investigación, bajo la premisa de combatir la impunidad en delitos que afectan la gobernabilidad de la entidad.

Asimismo, la iniciativa incorpora una visión de seguridad pública ligada a la justicia social y a la cultura de la paz.

En el análisis jurídico del dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales concluyó que la materia no invade facultades reservadas a la Federación y que los congresos locales tienen libertad configurativa para legislar en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

El documento refiere además que la propuesta se sustenta en el artículo 116 de la Constitución federal, relativo a los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en funciones de procuración de justicia, así como en el artículo 124 constitucional, que reserva a los estados las facultades no expresamente conferidas a la Federación.

La comisión dictaminadora determinó finalmente que no se advierte inconstitucionalidad en la propuesta, por lo que declaró ha lugar para admitirla a discusión en el Congreso del Estado.