Urgente, incrementar sanciones contra feminicidas: Rosa de la Torre

MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2016.-Ante la preocupante e imparable ola de feminicidios que se registra en Michoacán, la diputada Rosa María de la Torre Torres consideró urgente la aprobación de la iniciativa que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales en mayo de este año para modificar los artículos 120 y 174 del Código Penal para el Estado de Michoacán, que permita el aumento de las penas privativas de la libertad hasta 50 años de prisión, para los delitos que el Legislador considere de gravedad y excesiva crueldad, según las circunstancias que el Estado se presenten, en este caso, el del feminicidio.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la legisladora y Vicepresidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado, recordó que dentro de las muchas formas de violencia contra las mujeres, la última y más preocupante manifestación se llama feminicidio, delito que se ha registrado con mayor incidencia este año en Michoacán, de acuerdo con información de los órganos de justicia, que han reconocido 12 crímenes de estas características.

“Esta violencia comienza por no dejarnos decidir nuestra manera vestir, lo que debemos estudiar, tampoco podemos decidir sobre el ejercicio de nuestra sexualidad y capacidades reproductivas y terminan por decidir cuándo vivimos y cuándo y cómo morimos”.

Indicó que el feminicidio es un concepto que ha venido ganando fuerza en diversos ordenamientos jurídicos y legales, el cual hace alusión a las formas extremas en que ocurre la muerte de una mujer, ligadas a situaciones de odio, desprecio, placer o sentimientos de propiedad sobre las mujeres.

“El artículo 1° de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, nos define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Si bien consideró que acciones como la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género son herramientas de prevención, hace falta que se complementen con una legislación que prevenga a través de sanciones más rígidas la comisión de los crímenes de odio contra las mujeres en Michoacán.

“Dentro de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo que analizó la eventual declaratoria de alerta de género en el Estado de Michoacán, está el aumento del tope Constitucional de la pena privativa de la libertad.El aumento de la pena no sirve de forma aislada, pero es un primer paso. Es el pilar de una red institucional y jurídica de protección”.

Recordó que cuando fue presentada la iniciativa en mayo pasado, se dieron a conocer datos de la asociación civil Humanas sin Violencia, que en el período 2008 al 2014 en nuestra entidad, tenía elregistro de 623 muertes de mujeres, hechos que tuvieron mayor incidencia en las zonas con alta presencia del crimen organizado.

Asimismo, la Red de Mujeres en Contra de la Violencia Feminicida en Michoacán, presentó datos relacionados con este delito en los años de 2013 a 2015, dando las cifras que existen registrados mil 400 casos de mujeres asesinadas; 750 están tipificados como feminicidios. Además, en 33 de cada 100 de las muertes de mujeres se desconoce la causa, en 28 de cada 100 se desconoce su identidad y en 65 de 100 se desconoce el lugar donde fueron asesinadas.

“Sin embargo, esta triste realidad ha sido superada para mal, lo estamos viendo con mucha preocupación quienes estamos trabajando por fomentar una cultura del respeto a los derechos humanos”.

De ahí, dijo, se desprende la necesidad de medidas diferentes, particularmente relevantes cuando se trata de los derechos de las mujeres, ya que las normas generales muchas veces no sirven para proteger adecuadamente sus derechos, por lo que se requieren de disposiciones específicas; además, deben ser acordes con la realidad de violencia que presenta cada región y las conexiones que pueden tener con otro tipo de criminalidad.

Finalmente, consideró que ante el reclamo justo de organizaciones de la sociedad civil que han alertado sobre el recrudecimiento de los feminicidios en Michoacán, el Legislativo debe aprobar esta reforma, puesto quese están afectando gravemente determinados bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual, la no discriminación y subordinación implícita en la violencia de que las mujeres pueden ser víctimas.

“No es elevar las penas arbitrariamente, esta medida, de aprobarse, permitirá enviar un mensaje fuerte y claro, que en Michoacán no se tolerará este y ningún tipo de conducta que contenga discursos de odio, crueldad y violencia, mucho menos contra mujeres”, sentenció la legisladora del PRI.