Urge Silvano controversia constitucional a Ley de coordinación fiscal

DURANGO, Dur., 8 de mayo de 2020.-  Debido a la inequitativa distribución de los recursos de la Federación para estados y municipios, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, urgió a la presentación de una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal durante la Reunión Interestatal Noreste Covid 19, que se celebró este viernes en Durango.
 
“No perdamos tiempo, que se avoquen los titulares de finanzas y los equipos jurídicos para que ya presentemos la controversia constitucional para la revisión del Acuerdo de Coordinación Fiscal. Declaremos en sesión permanente a nuestros compañeros y el equipo de abogados fiscalistas, para que lo más pronto posible presentemos la controversia”, señaló a través de un comunicado.
 
Incluso, el mandatario michoacano insistió en hacer públicos y presentar al Gobierno Federal los gastos que los estados han hecho para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, a pesar de los recortes y cancelación de programas federales durante la crisis de salud.
 
En otro tema y ante la presencia de los gobernadores Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y José Rosas Aispuro, de Durango, el gobernador de Michoacán, consideró indispensable la elaboración de protocolos para retomar las actividades escolares, económicas y productivas en cada uno de los estados, ante la presencia permanente que tendrá el virus en la actualidad.
 
“El virus llegó para quedarse y lo que necesitamos es aprender a vivir de otra manera, a reinventarnos; propongo que los equipos de salud y de economía se avoquen a trabajar en los protocolos que establezcan una redimensión de los grupos de niños en las aulas, acotar los horarios y ampliar los turnos, entre otros temas”, detalló.
 
Finalmente puntualizó que el objetivo de los protocolos, mismos que se pondrían a consideración en una próxima reunión a desarrollarse en Michoacán, es el de retomar las actividades escolares, económicas y productivas con medidas que no pongan en riesgo la salud de las y los mexicanos.