MORELIA, Mich., 1 de junio de 2020.- El Poder Legislativo da una muestra más de opacidad al permitir que los funcionarios y diputados continúen entregando las modificaciones de sus declaraciones patrimoniales en formatos impresos que, una vez revisados, se sellan y se resguardan en una caja fuerte de la que no salen ni se abren, a menos que sea por mandato judicial.

De esa forma, se violenta la Ley de Responsabilidades en la que inclusive se especifica que se debe revisar la evaluación patrimonial reportada y confrontar con los ingresos reportados para corroborar si hay concordancia.

Se violenta también la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en la que se establece que cada uno de los tres poderes del Estado, los organismos autónomos y los municipios, deben generar su propio sistema digital para la recepción de la declaración inicial como las modificatorias.

Ante el tiempo que lleva desarrollar un sistema de ese tipo como su costo económico que no estaba previsto con la entrada en vigor de la ley del SEA, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acordaron que se podría utilizar el sistema de la Secretaría de la Función Pública, pero a la fecha únicamente el Poder Ejecutivo ha firmado un convenio para utilizarlo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado informó que la institución no ha buscado un convenio con la Secretaría de la Función Pública y tampoco se presupuestaron recursos para desarrollar un sistema propio, motivo por el que seguirán entregando sus declaraciones patrimoniales y sus modificaciones anuales en formatos impresos.

El plazo para la entrega de las modificaciones patrimoniales legalmente venció el 31 de mayo, pero, a petición del gobernador, Silvano Aureoles, se autorizó una prórroga hasta el 31 de julio debido a los contratiempos que ocasiona la pandemia por Covid 19, razón por la que no se tiene un avance de los funcionarios parlamentarios cumplidos.